Tener una funcionaria como Diana Atamaint al frente de un organismo como el Consejo Nacional Electoral es como tener mamá pero muerta. No de otro modo se conduce ella a la hora de hacer respetar las reglas y los principios de igualdad en las elecciones: con la diligencia de un cadáver. Para ser justos: ella y los otros angelitos que integran su organismo, incluido alguno que de vez en cuando hace alharaca para lavarse la cara. Con la excepción de Elena Nájera (la única que da pelea, por eso la tienen bloqueada), los consejeros del CNE llevan años entregados, con aplicación y empeño, a la difícil tarea de hacer lo estrictamente necesario para conservar sus puestos. Es decir: están ahí para seguir estando. Esto exige una enorme dosis de complacencia con quienes llevan la sartén por el mango en el sistema político nacional.

Ocurre, por ejemplo, que el principal partido político del país está presidido por un delincuente prófugo que, desde su refugio, elige a los candidatos, dirige la campaña electoral, hace proselitismo y es el rostro de la propaganda. Todo esto es ilegal. Cuando la Corte Nacional de Justicia lo encontró culpable del delito de cohecho, no solo le impuso una pena de ocho años de prisión sino que, en aplicación del artículo 68 del Código Orgánico Integral Penal, lo privó de sus derechos de participación política por un período de 25 años (una eternidad para un tipo al que se le derrama la bilis 18 veces por semana). Se suele pensar que los derechos de participación se limitan al de elegir y ser elegido, pero ese es solamente el primero de los ocho que contempla el artículo 61 de la Constitución. Entre los otros se incluyen el de “Participar en los asuntos de interés público” y uno que podría resumirse como el derecho de intervenir en las actividades y decisiones de los partidos políticos.

A pesar de la prohibición expresa que le impuso una sentencia judicial, el corrupto y embustero expresidente prófugo no ha parado un solo día de ejercer estas facultades con la desvergonzada complicidad de la presidenta y los consejeros del CNE. ¿Qué deberían hacer ellos? Según el Código de la Democracia, para empezar, detenerlo con una medida administrativa de carácter suspensivo (parar la difusión de su propaganda, mandar a retirar sus vallas, impedir su participación en actos proselitistas…) y, por supuesto, denunciar el hecho ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral.

Soñar no cuesta nada. Estamos ante la pusilánime y obsecuente Diana Atamaint que no movió un dedo cuando el mismo personaje, al frente de su estructura partidaria, entró de lleno en la campaña para integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, lo cual está expresamente prohibido por la ley. La misma Diana Atamaint que validó, mediante la presencia de una delegada suya que era como enviar un plátano, la participación protagónica de Jorge Glas en la convención nacional de su partido en Portoviejo, para designar candidaturas. Glas: otro delincuente sentenciado y privado de sus derechos de participación. ¿Hay algún poder humano capaz de conmover a esta miseria de funcionaria para que, por una vez, aplique la ley y haga respetar las sentencias legítimas de jueces competentes? Sí, quizás hay algo. Quizás si en lugar de sentencias de la Corte Nacional se tratara de medidas cautelares dictadas por los jueces de Yaguachi o Manglaralto, quizás entonces la presidenta del CNE, diligente como un cadáver, se levante al fin y ande.