Designación de la Fiscalía General: Asamblea define a sus dos delegados
10 personas conformarán la Comisión Ciudadana de Selección: cinco de ellos, de las funciones del Estado; y cinco ciudadanos.
El proceso para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado sigue en marcha. La Asamblea Nacional determinó quiénes serán sus delegados para este proceso. Para esto, 147 de 151 legisladores participaron.
Con 83 votos a favor, los asambleístas aprobaron que Daniel Caicedo de los Ríos y Silvana Ramírez Verdezoto sean los delegados de la Función Legislativa para el concurso de fiscal general. El primero es funcionario del Legislativo.
¿Quiénes son ellos?
Caicedo es Graduado como máster en derecho en la Universidad de Chicago. Graduado también como maestro en Derecho procesal de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. También tiene un título de abogado otorgado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
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En cambio, Ramírez es magíster en Administración de Empresas con mención en Administración de Servicios, especialista en Gerencia de Procesos Financieros, un diplomado superior en Gerencia en Investigación y Planificación y “un largo, largo etcétera de títulos”, dijo Andrés Castillo, legislador por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), por la provincia de Pichincha, quien mocionó a ambos profesionales. Moción fue aceptada por el Pleno.
¿Quiénes conformarán la Comisión Ciudadana de Selección?
Estas designaciones se sumarán a los otros delegados que deberán enviar las otras funciones del Estado: Ejecutivo, Judicial, Electoral y Transparencia; cinco en total. Así también con los cinco representantes de la ciudadanía. En total, 10 personas conformarán la Comisión Ciudadana de Selección para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.
Desde el 18 de julio de 2025 el CPCCS ha receptado las postulaciones de los ciudadanos y gremios interesados en participar el concurso de designación. El plazo, para esto, culminará el 31 de julio de 2025. Luego, tanto los representantes ciudadanos como los delegados de las funciones del Estado pasarán por el escrutinio público.
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