Seguridad con control invisible. Los atentados no son un motivo contundente para robustecer la seguridad de las instituciones públicas de justicia y control. Al menos así lo constató EXPRESO en un recorrido que realizó por las instalaciones de fiscalías, complejos judiciales y UVC (unidades de vigilancia comunitaria) de la ciudad.

Allí, el control en las puertas de ingreso y en sus alrededores es nulo. Es más, algunas instituciones no cuentan con detectores de metales, y en las que sí lo tienen es solo un objeto sin uso.

Por ejemplo, en la UVC ubicada en el sector La Florida, en el norte de Guayaquil, donde hace nueve días bandas delictivas detonaron un carro bomba a las afueras de las instalaciones, la puerta de acceso permanece abierta y allí nadie controle el flujo de usuarios. Tampoco nadie vigila lo que sucede en el exterior de la unidad de vigilancia.

“Esto es un problema de años”, dice Manuel, un funcionario que salía de la dependencia de control. Allí, según el jurista, “no hay ningún tipo de control, ya sea de explosivos o de armas. Aquí entra quien quiere y nadie los revisa. Es un problema de fondo que el Ministerio del Interior no ha logrado resolver”.

El escenario es el mismo en la Fiscalía La Merced, ubicada en las calles Víctor Manuel Rendón y General Córdova, en el centro de Guayaquil, donde el acceso es libre y sin control. Aquí los usuarios ingresan sin ser revisados o, al menos, sin rendir cuentas de los trámites que van a efectuar.

Un equipo de EXPRESO permaneció en el lugar y observó que los agentes policiales que se encuentran en el área de recepción, no controlan la entrada y salida de usuarios. Tampoco increpan a los ciudadanos que permanecen en las instalaciones esperando. Ocurre lo mismo en las afueras de la Fiscalía, donde los agentes policiales que se encuentran en el perímetro están solo de paso.

Para estas instituciones de seguridad y justicia, según la Policía Nacional, hay varios tipos de vigilancia: los escoltas judiciales; encargados del resguardo en los complejos judiciales; el Servicio de Consignas, responsable de la seguridad de fiscalías; y los gendarmes designados para monitorear las unidades de vigilancia y control policial como las UPC.

Específicamente, para los complejos judiciales y fiscalías a nivel nacional rige el mismo manual de seguridad, en el que se detalla que los agentes deben “controlar el ingreso y salida de los funcionarios, usuarios externos, visitantes y público en general” y “verificar el uso adecuado de los arcos de seguridad instalados en la planta baja e impedir que sean retirados bienes muebles o documentos, a excepción de los que tengan autorización por escrito”. Protocolo que, en la práctica, no se aplica ni en la Unidad Judicial Sur de Violencia Contra la Mujer y la Familia ni en la Fiscalía La Merced.

La ausencia de control tiene una justificación. Neiser Gaibor, encargado de la escolta judicial y las consignas de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), sostiene que las anomalías que se registran en la Fiscalía se deben a la falta de personal operativo que se registra desde el mes pasado, pero resalta que la ausencia de detectores de metales es responsabilidad de la institución. “Nosotros como Policía Nacional no disponeos de estos artefactos, eso es parte de la logística de seguridad de estas entidades”, argumenta.

Gaibor explica que sí hay policías en estas dependencias cumpliendo el rol de garantizar la seguridad de los funcionarios público y usuarios, pero que “seguramente los que se encuentran de guardia no están en el área de ingreso o en el perímetro porque muchas veces tienen que acudir a audiencias o realizar otras diligencias”.

Así como en estas dependencias judiciales rige un manual de seguridad que poco se practica, en las unidades de vigilancia y control policial, como las UVC y UPC, existen lineamientos que pocos agentes acatan.

“Aparentemente, no se está cumpliendo con las disposiciones que se han dado hace mucho tiempo y que, tras los atentados, se pidió reforzar”, explica Juan Fernando Guerra, director nacional de Policía Preventiva y Comunitaria, quien contó a EXPRESO que “el mando institucional, a través de las direcciones y subzonas, ha ordenado a todos los miembros del servicio de guardia se vigile estrictamente el ingreso y salida de ciudadanos, funcionarios públicos y vehículos, así como el monitoreo dentro y fuera de las inmediaciones”.

Para José Ramos, jefe de la escolta judicial en Quito, en el manual de seguridad “hay cosas que ya no son muy útiles en la práctica”. Por eso, indica, ha empezado a hacer cambios en el manual. “No lo he puesto a disposición de los superiores, pero ya están en proceso los cambios que mi equipo de trabajo y yo hemos considerado que se deben hacer”.

Ramos reconoce que es necesario mejorar el servicio y la capacidad de respuesta de los agentes de control, con base en la realidad del país. Es más, agrega que se debe capacitar a los funcionarios en temas de intervención en lugares cerrados y con público.

“Todos estos cambios deben ir ligados a la tecnología. Nosotros tenemos detectores de metales (dependencias de Quito), pero no están en funcionamiento. Necesitamos escáneres para pasar las maletas de las personas que ingresan a las unidades (judiciales) y así prevenir el ingreso de sustancias prohibidas y armas”, concluye Ramos.