Cuenca - Extorsión a Policías
Referencial. Dos policías vigilan en un sector de la capital azuaya.Cortesía

Policía es investigado por supuesta extorsión a dos compañeros

El agente fue detenido en flagrancia cuando había solicitado 80 dólares a otros dos uniformados que requerían armamento

El sargento de Policía, Héctor Enrique Jiménez León, fue acusado del supuesto delito de concusión, cometido en contra de dos compañeros de la mismas institución. El acusado se desempeñaba como encargado del rastrillo del Distrito Cuenca Norte de la Policía Nacional.

El teniente Carlos Rivadeneira, jefe subrogante de la Subzona Azuay de la Policía, explicó que el agente fue detenido en flagrancia cuando había solicitado 80 dólares a dos de sus compañeros que requerían armamento. Además, explicó que al interior de la institución se inició una investigación para determinar responsabilidades, cómplices (en caso de haberlos) y las sanciones respectivas.

Según lo indicado por Rivadeneira, está garantizada la entrega de armas de dotación a todos los agentes que no disponen de una dentro de la provincia. “Las armas tienen un listado de asignación, número de serie y nombre del oficial al cual están asignadas”, puntualizó.

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El agente investigado fue sometido también a la justicia y en audiencia de flagrancia, cumplida la tarde del miércoles, recibió medidas cautelares en lugar de la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía de Azuay.

Según información del Ministerio Público, el hecho ocurrió el 23 de abril de 2024, cuando el investigado exigió a dos compañeros una suma de dinero a cambio de incluirlos en el listado para la entrega de armas de dotación. Como evidencia se presentó un documento en el que estaban anotados los nombres de las víctimas, el signo de dólar y el número 80. Además, el celular del procesado y cinco billetes que suman la cantidad de 80 dólares. Como evidencias también se incautaron los celulares de las víctimas.

Héctor Enrique Jiménez es procesado según el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de concusión con privación de libertad de tres a cinco años.

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