Ahora sí se puso feo esto. Fernando Villavicencio expresó en Radio Centro que el control sobre los grilletes electrónicos es muy prolijo. Que ni bien él se movía, lo estaban llamando. Que a Cléver Jiménez lo detuvieron una vez solo por cambiar de ruta. Pero en el caso de Alvarado sucedió lo contrario: se desplazó por medio país sin que nadie dijera nada. ¡Quespues! ¿Complicidad? Y de quienes debieron controlar el grillete, no del presidente ni de los ministros. Pero vamos a lo de fondo: si la fianza -garantía cautelar inventada hace siglos para que los presos no escapen- aún sigue vigente, ¿quién decidió que Alvarado debía llevar un grillete en lugar de rendir una fianza de unos US$ 10 millones? ¿Por qué? Si Alvarado está acusado de peculado. Pena: de 10 a 13 años (278 COIP). Pero no se puede imponer el grillete electrónico como medida cautelar en delitos con pena superior a 5 años. ¿Qué pasó entonces? ¿La Fiscalía solicitó la medida cautelar en contra de lo que manda la ley? ¿Y el juez la concedió, de igual forma, al margen de la ley? Eso se llama prevaricato y es delito. Pero las sospechas ciudadanas van más allá. ¿Por qué no se había ordenando judicialmente la prohibición de salida del país de Alvarado? Esto abona la idea de que pudiera haber implicados altos funcionarios del régimen. Y eso no ayuda en nada a la credibilidad del Gobierno. O el régimen aclara esto o la confianza ciudadana cae por los suelos y entramos en una espiral de suma debilidad política. Ya se está dando el caso de que internamente se desacatan las ordenes del presidente. La Ley para Atracción de Inversiones dispone textualmente: art. 17.- Procesos coactivos.- Los deudores que decidan acogerse a la reducción y se encuentren dentro de un proceso coactivo, podrán comunicar su intención al funcionario ejecutor, quien en virtud de aquello deberá suspender el ejercicio de la acción coactiva”. Pero los gerentes de los bancos públicos desacatan la ley. Dicen: “no aplica”. Somos banca privada”. Peligrosa espiral si los mismos funcionarios del régimen desobedecen la ley de iniciativa presidencial.

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