Amuleto. Los pescadores que zarpan del muelle del mercado Caraguay, en Guayaquil, se encomiendan a Dios para protegerse de la delincuencia.

La delincuencia navega en el golfo de Guayaquil

El robo de camarón es uno de los más comunes. Hay pocas denuncias por la dificultad del trámite. Buscan acciones interinstitucionales.

Ni la luz del sol, ni estar cerca de la autoridad, parecen ser factores suficientes para ahuyentar a la delincuencia acuática que recorre el golfo de Guayaquil, donde fluyen el estero Salado y los ríos Daule, Babahoyo y Guayas.

Hace dos días, a las 15:00, una embarcación denominada ‘Carolina’ fue asaltada cerca de la comuna Tres Ratones, a 15 kilómetros de Punta de Piedra, donde se ubica un retén naval sin embarcaciones; cerca de allí también hay un nuevo Puesto de Auxilio Marítimo (PAM), en la isla Matorrillos de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea).

Según Victoriano Vera, dirigente de los pescadores del Cerrito de los Morreños, a las víctimas las lanzaron al río y se llevaron la embarcación con víveres, que eran parte del sustento de los pescadores durante la veda de cangrejo, que inicia hoy. Con la misma ‘Carolina’, minutos después, los antisociales arremetieron contra otra nave a la que le sustrajeron el motor, alimentos y dinero en efectivo, asegura el pescador.

Jorge Espinosa, coordinador de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacopec), asegura que hechos similares ocurren entre dos a tres veces por semana. Él lo atribuye a una falta de patrullajes, tiempo de reacción de la Policía Marítima y la dificultad de colocar las denuncias respectivas en las fiscalías.

“Hemos dicho tantas veces a las autoridades que se debe tener más lanchas rápidas para el patrullaje en el sector de Punta de Piedra, porque allí los robos son constantes, pero no pasa nada, parece que nadie nos escucha”, apunta el pescador.

Lo mismo sucede en otros sectores del golfo -también identificados por la Dirnea como conflictivos- como Cuarentena, Matorrillos, Chupadores Grandes y Estero corvinera; aunque los controles, asegura, son imperceptibles.

“Por esos sitios a ellos no se los ve, nos han dicho que les falta embarcaciones, que falta combustible, esos son los argumentos que presentan. Siempre nos dan el número de emergencia de ellos y el del ECU 911, pero allí hacen más preguntas que acciones; y a la final, nunca llegan”, precisa.

Por su parte, el contralmirante Jorge Cabrera, director nacional de los Espacios Acuáticos, indica que, justamente, en los sectores de mayor conflicto se ha implementado siete PAM, que aumentarán a nueve en este año. Además, recuerda la existencia del Plan de Seguridad Fluvial ‘Ruta Segura’, que permite a los camaroneros y pescadores llevar sus productos, en resguardo de la Marina, hasta con un 95 % de efectividad. Adelanta, también, que junto a los gremios pesqueros se trabaja en un plan de implementación de sistemas tecnológicos, tipo botones de pánico.

Entre otros problemas, los pescadores atribuyen una falta de conocimiento para denunciar. “No hay charlas para educar al respecto, y se ocupa mucho tiempo en los trámites engorrosos. Se ha dado el caso que los pescadores van a Fiscalía, no necesariamente de Delitos Acuáticos, y los envían a otros lados”, cuenta. Sin embargo, un vocero de la Fiscalía del Guayas y Cabrera confirmaron que cualquier Fiscalía está en la capacidad de receptar dichas denuncias.

La Fiscalía de Delitos Acuáticos del Guayas registra 131 denuncias en la provincia, durante el periodo comprendido entre enero a julio de este año, es decir, 33 casos menos que el mismo periodo de 2018. Mientras que en Guayaquil, según la Dirnea, las cifras por delincuencia común son de 11 en el primer semestre de 2019, y 13 en el de 2018.

Gabriela Cruz, presidenta de la Fenacopec, calcula que a nivel nacional, cada año, se registra el robo de cerca de 300 embarcaciones, que suman alrededor de 5,4 millones de dólares en pérdidas. Al respecto, anuncia, dentro de 15 días se realizará una marcha pacífica, en Guayaquil, para pedir el control delincuencial en los cuerpos hídricos del país.

“No hay el apoyo de la autoridad. Han matado a cangrejeros y siguen robando a los pescadores. Las autoridades nos dicen, desde hace mucho tiempo, que esperemos que van a dar un golpe a la delincuencia y todavía lo esperamos”, explica Cruz. La dirigente de los pescadores también cree que para detener los índices delincuenciales es preciso lograr un trabajo mancomunado.

Cabrera apoya la idea de realizar una labor interinstitucional, y añade la urgencia de actualizar la normativa punitiva marítima. “El Ministerio de Defensa Nacional ya ha presentado a la Asamblea la propuesta de la nueva Ley de Navegación, que reemplazará al Código de Policía Marítima, que data de 1960, donde las infracciones están establecidas en sucres. (...) actualmente las multas no pasan de un dólar”, explica.

Cantón Playas

El uso de armas ante la falta de protección

La situación que viven los pescadores en Playas es tan preocupante que, a criterio de Roberto Cruz, presidente de la Unión de Cooperativas Pesqueras del cantón, los agremiados se ven obligados a portar armas clandestinamente para defenderse.

El lunes, debido a esta razón, cuatro pescadores que se disponían a ingresar al mar fueron detenidos para ser investigados. Para Cruz, quien hace hincapié en que no tienen quién los proteja, el hecho es una muestra clara de que han perdido la paciencia.

En lo que va del año, según reportan las estadísticas de las cooperativas pesqueras, han ocurrido ocho asaltos en alta mar. “Las horas que pasamos allí entonces son muy tensas. Prevalece el temor y la zozobra. Y es que no sabemos en qué momento van aparecer los piratas”, señala el agremiado Flavio Merchán, quien este 2019 fue víctima de los piratas, quienes en productos se le llevaron alrededor de $ 7.000. “Me dejaron endeudado”, afirma.

Para Teresa, quien por seguridad pide que no se publique su nombre, los peligros que viven quienes se dedican a estas actividades, son cada vez mayores. “Cada vez que mi esposo sale a pescar, rezo y hasta lloro de tan solo pensar que no regresará”.

El año pasado eso le ocurrió a Armando Vera, de Engabao, a quien lo asaltaron seis piratas. Uno de ellos le disparó.

El año pasado el Municipio de Playas, donó una embarcación con motor para dar soporte a los pescadores en caso de emergencias. Este año, a fin de incrementar la seguridad, el gremio dará una embarcación a la Marina. NM

José Camposano: “Solo en el país, hay bandas que roban camarones”

El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura asegura a EXPRESO que faltan recursos para que la Marina resguarde el golfo de Guayaquil.

- ¿Qué zonas son las inseguras para el sector del camarón?

- Para analizar esto hay que tomar en cuenta de que el sector opera en diferentes áreas geográficas. Número uno, en las fincas de producción que se encuentran a lo largo de la costa ecuatoriana, donde tenemos dos polos con problemas de seguridad, en el golfo de Guayaquil y el archipiélago de Jambelí. Esto no significa que no se tiene problemas de seguridad en las otras provincias como Manabí y Esmeraldas. Segundo, el sector también opera a lo largo de varios ejes viales o carreteras en el país, porque gran parte de la producción camaronera se moviliza hasta los lugares de procesamiento y empacadoras. Un 80 % se encuentra en la provincia del Guayas. En las carreteras también se han registrado asaltos. El tercer punto son los robos a contenedores rumbo al puerto.

- ¿Cuántos atracos han sufrido?

- Hay que separar en: incursiones en fincas, de estas son 8 en lo que va del año; asaltos en carretera, son 4; asaltos fluviales, registramos 11. En estos el monto puede ser más de 30.000 dólares en un robo. Tenemos otra estadística sobre hechos delictivos menores, pequeñas embarcaciones a las que le roban un motor, asaltan a las personas, aquí las pérdidas son de unos 5.000 dólares por motor. De estos se han dado 30 asaltos en el primer semestre.

- ¿En monto cuál es la pérdida al año por los robos?

- Más o menos de un millón de dólares. Pero lo que preocupa no es el monto del robo, sino los costos que implica para el sector tratar de evitar ser asaltado. El gasto anual es de 30 millones de dólares para hacer frente a las bandas organizadas de delincuentes. Este monto se podría destinar a capital de trabajo o en tecnología, el sector lo debe desviar a tendido eléctrico, cámaras y custodia de guardias armados para la carretera y fluvial. En otros países no ocurre esto, bandas organizadas para robar camarones, esto solo existe en Ecuador.

- ¿Han dado alguna sugerencia para solucionar el problema?

- Hemos trabajado con la Marina para hacer rutas seguras, pero tienen solo cinco embarcaciones, para hacer frente a la delincuencia del golfo de Guayaquil. No son ni la tercera parte de lo que se necesita para resguardar una zona tan amplia y atender las llamadas de emergencia de manera eficaz. Además, a estas embarcaciones les falta geoubicación, para saber dónde están. Es como que el 911 tuviera las pantallas apagadas. No pueden mandar la más cercana, porque no la ven en un mapa. (Lina Zambrano).

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