La Defensoría del Pueblo, de acuerdo con las reformas a la Ley de Comunicación, será el ente encargado (si el veto presidencial no es aprobado) de receptar y juzgar a los medios de comunicación. ¿Qué pasa si el aludido por un medio es la misma Defensoría? Para muestra un ejemplo: la Defensoría del Pueblo reaccionó a una caricatura de Diario EXPRESO del 18 de agosto pasado, sobre la imagen percibida de la institución, ante la inquietud de si se dará abasto para asumir el nuevo rol que le otorga la reforma a la Ley de Comunicación para observar el trabajo de los medios de comunicación y periodistas. Su vigencia aún depende de la Corte Constitucional.

En la viñeta se ve a un oso perezoso, con el membrete “Defensoría del Pueblo”, dormido en la rama de un árbol, mientras un puñado de ciudadanos reclaman por “planillas de electricidad elevadas”, “multas de tránsito en la vía a la costa”, “abusos de empresas de televisión por cable”, “cortes de agua potable”, “interrupciones del servicio de internet”. En un extremo, otra persona dice que “no hay quien lo mueva”.

La entidad responde en su carta aludiendo a varias cifras de reclamos receptados por la delegación de Guayas, correspondientes al periodo 1 de enero-31 de julio de este año. Por ejemplo, se cita que ciudadanos registraron 272 quejas en contra de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en esos siete meses, de los cuales 201 reclamos fueron atendidos. También se menciona que en ese lapso se receptaron 206 quejas sobre el servicio de Interagua y que 103 de esas observaciones fueron atendidas, por ejemplo, según la carta del organismo que promueve el cumplimiento de derechos humanos.

No obstante, en junio del 2020, el entonces defensor del Pueblo, Freddy Carrión, dijo en una entrevista a este Diario que como alertas a violaciones de derechos humanos, habían recibido cerca de 10.000; y que sobre el tema de las planillas con CNEL, unas 160 personas habían acudido a la Defensoría, pero que se enlazaron con los miles de reclamos que se han presentado en CNEL. “Muchas han sido revisadas y refacturadas, pero la mayoría quedan pendientes. Son desde antes de junio, desde mayo. Se revisaba caso por caso”, comentó.

La reforma a la Ley de Comunicación se aprobó la noche del 21 de julio de 2022, con 75 votos de una mayoría encabezada por la bancada de la Unión por la Esperanza, después de rechazar el informe de mayoría que se desprendía de la propuesta del presidente Guillermo Lasso. Al ser consultados sobre por qué votaron a favor de un informe con claros indicios de inconstitucionalidad, algunos se acogieron a su discurso preconcebido.

Los cambios, en su generalidad, argumentó la asambleísta correísta Victoria Desintonio, garantizan el ejercicio de derechos de la ciudadanía y mejoran la calidad de contenidos. “Hemos visto noticias que decían ‘19 balazos de amor’, romantizando el tema de la violencia hacia las mujeres. Entonces, ¿cómo controlas eso? La información tiene que ubicarse de una mejor manera”, sostuvo la legisladora.

Ante la misma duda, su coideario Juan Cristóbal Lloret justificó el otorgamiento del nuevo rol a la Defensoría del Pueblo porque se necesita un órgano al cual puedan acudir los ciudadanos que crean que sus derechos han sido vulnerados. “En el momento en el que un medio de comunicación saca una nota descontextualizada se está afectando los derechos de las personas, ante la eliminación de la Supercom”, dijo el colegiado.

Sobre el riesgo de politización que pueda haber en la Defensoría, Patricia Sánchez, de Pachakutik, manifestó que la entidad debe de regirse bajo aspectos técnicos: “Mantener la objetividad es muy difícil en todos los campos de la vida, pero uno de los ejes que tendría que tomarse en cuenta es tratar de ser objetivo. La objetividad depende del color de los lentes con los que uno mira los problemas”.