El veto a la Ley de Comunicación reúne varias objeciones entre las que destacan la modificación de aquellos artículos que dotaban a la Defensoría del Pueblo de facultades para observar el trabajo de los medios de comunicación y hacer las veces de "policía" del periodismo según palabras del mismo secretario Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo.  

El documento fue firmado la mañana de hoy, 24 de agosto del 2022, por el presidente Guillermo Lasso en un breve evento en la Universidad de las Artes en Guayaquil para luego ser enviado a la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional para su trámite. Son 17 los artículos vetados por inconstitucionalidad y 34 por inconveniencia. 

Entre los artículos vetados por inconstitucionalidad están aquellos que proponían eliminar el contenido de opinión como parte del contenido comunicacional, también aquel que promovía una definición "amplia y ambigua" de la responsabilidad ulterior, y el que le dotaba  la Defensoría del Pueblo funciones de defensores de audiencia. Además, los apartados legales que dotaba de poder decisión a los consejos ciudadanos equivalente a los consejos editoriales. 

El paquete de las 34 objeciones parciales suprimen la participación "excesiva" de la Defensoría del Pueblo, elimina sanciones a medios que consisten en participar en talleres y realizar campañas, fortalece los mecanismos de protección del trabajo periodístico, incentiva los mecanismos de autorregulación, suprime la obligación impuesta al Estado a conservar y crear medios públicos de comunicación, elimina la censura en internet y redes sociales, entre otros. 

A decir del secretario Pozo, este paquete de objeciones evita que “resuciten los fantasmas de la censura”, y que se utilicen los concursos de adjudicación de frecuencias como moneda de cambio para la opinión. Aprovechó para instar a la Asamblea a que analice el documento a profundidad y que contribuya en la construcción de un país en el que la libertad de expresión sea pilar fundamental de la democracia.