En defensa de una Fed fiscal
Como nubes de tormenta, las señales de desaceleración económica global se acumulan ominosamente. En Estados Unidos, la hiperactividad generada por el gigantesco recorte impositivo de 2017 del presidente Donald Trump alcanzó un pico y hoy se está desvaneciendo rápidamente, sin producir el auge de inversiones prometido. En Europa, la farsa actual del brexit amenaza con una disrupción económica severa, incluso caos, si el Reino Unido no puede sellar un acuerdo con la Unión Europea antes de retirarse del bloque a fines de octubre. Y, en China, el crecimiento claramente se está desacelerando. Al acecho detrás de todos estos problemas está la guerra comercial del “Hombre de los Aranceles”, que ha llevado a los economistas a temer una recesión el año próximo. Por lo general, los gobiernos que enfrentan desaceleración económica analizan primero la política monetaria, y dependen de que los bancos centrales fuercen una caída de tasas de interés con la esperanza de fomentar más endeudamiento y gasto. Sin embargo, las herramientas que han utilizado por mucho tiempo los responsables de las políticas económicas para estabilizar los mercados ya no parecen adecuadas. Llegó la hora de considerar una nueva estrategia para la gestión macroeconómica. ¿Qué pasaría si la política fiscal estuviera tan despolitizada como la monetaria? Una agencia pública autónoma con rango definido de poderes en políticas fiscales sería libre de responder proactivamente a las fluctuaciones de la economía. Al igual que un banco central independiente, una Fed fiscal estaría integrada por profesionales sin intenciones políticas que operarían dentro de límites establecidos por el estatuto. Seguiría siendo plenamente responsable ante las autoridades electas, pero podría tomar decisiones presupuestarias cruciales mucho más rápido que hoy. Podría lograr bastante a través de las palancas de los impuestos y las transferencias. Su objetivo fundamental sería variar las tasas de retención de impuestos y pagos de transferencias al margen según fuera necesario, más o menos lo que hacen los bancos centrales con las tasas de interés. Al crear una agencia de estas características, las autoridades políticas fijarían objetivos y parámetros básicos, y las autoridades electas ejercerían supervisión activa de manera continua, para garantizar un comportamiento responsable. Dentro de sus límites estatutarios, la agencia estaría autorizada a implementar ajustes oportunos a los ingresos del gobierno en respuesta a condiciones económicas cambiantes. El alcance de los potenciales ajustes podría acordarse con anterioridad como parte del proceso de presupuesto anual, dejando en manos de la Fed fiscal la única autoridad para determinar magnitud y plazo de los cambios. Alternativamente, a la agencia se le podría otorgar mayor libertad para tomar esas decisiones por cuenta propia, siempre que la legislatura no emita un veto en un lapso específico. El mismo tipo de objeciones que se aplican a la independencia de los bancos centrales se harían contra la Fed fiscal. Pero no es inusual que gobiernos representativos deleguen áreas clave de toma de decisiones en manos de profesionales. Siempre existen compensaciones entre una prerrogativa democrática y una necesidad tecnocrática, y los países trazan líneas diferentes entre ambos dominios. No hay motivos para que una agencia fiscal autónoma no pueda operar de manera similar, siempre que su mandato esté cuidadosamente circunscripto y sus operaciones estén estrechamente monitoreadas.
