Este 18 de septiembre en la Corte Constitucional se instaló la audiencia pública de la acción de inconstitucionalidad planteada, en junio de 2023, por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en contra del Decreto Ejecutivo 754.

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En junio de 2023, Leonidas Iza, presidente de la Confederación, presentó la acción en contra del decreto por considerar que confunde la consulta ambiental contemplada en el 398 de la Constitución con la consulta libre, previa e informada a las nacionalidades, que consta el artículo 57 de derechos colectivos.

La audiencia se instaló a las 10:00 de este 18 de septiembre con Alejandra Cárdenas como jueza sustanciadora. También participan Leonidas Iza; el presidente de la Confenaie, Marlon Vargas; el director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, José Valenzuela; y la coordinadora de la Fundación Pachamama, Cristina Melo.

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Por parte del Ejecutivo participan el ministro de Ambiente, José Dávalos; la subsecretaria Jurídica, Yolanda Salgado; y la directora de Asuntos Regulatorios de la Presidencia, Andrea Izquierdo; entre otros funcionarios más.

En su intervención, Melo indicó que la Constitución dispone que la consulta ambiental y la consulta previa a los pueblos y nacionalidades indígenas serán materia de una regulación  de rango legal. "Un mega decreto ejecutivo, como lo es el 754, no cumple con este requisito al pretender regular, mediante la normativa de rango inferior, el derecho constitucional a la consulta ambiental", argumentó la integrante de la Fundación Pachamama.

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Asimismo, Daniel Espinoza, abogado de Iza en esta acción, indicó que el decreto ejecutivo "asimila el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados con el derecho a la consulta ambiental" y que esto "reduce el umbral de protección que garantiza la consulta previa".

También recordó que, en un fallo anterior que es citado en el decreto ejecutivo 754, la Corte Constitucional señala que es un error confundir estos derechos, "pues permite aplicar a conveniencia la consulta que se considere (...)".

Yolanda Salgado, subsecretaria Jurídica de la Presidencia, indicó que el decreto "no regula derechos, sino establece y desarrolla un procedimiento técnico para la elaboración de la consulta ambiental (...)".

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Además, sostuvo que el decreto ejecutivo no contraviene a la Constitución y que, incluso, su elaboración fue resultado de una disposición del Corte Constitucional en un fallo anterior. "El presidente de la República ha dado cumplimiento a una decisión constitucional, adecuando la norma reglamentaria", añadió la subsecretaria Jurídica.

Del mismo modo, el ministro de Ambiente y Transición Ecológica, José Antonio Dávalos,  indicó que los denunciantes no alegan inconformidades respecto al contenido del decreto ejecutivo, sino de la forma.

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También sostuvo que hay una contradicción de los denunciantes al señalan, en la acción de inconstitucionalidad, que no existió una consulta prelegislativa, pero que en los alegatos "se dice que existió, pero que había inconformidad".

Al igual que Salgado, el ministro Dávalos sostiene que el decreto ejecutivo cumple con una disposición del Corte Constitucional y que no suple la consulta previa, libre e informada. "Lejos de ser un detrimento, lo que hace es ampliarlos (...)", dijo.

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