La confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), conformada por la Confeniae, Ecuarunari, Conaice, junto con el Frente Nacional Minero y representantes de organizaciones defensoras del agua marcharon la Corte Constitucional para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 754 relacionado con la reforma al Código del ambiente.

Durante su concentración en el parque El Arbolito, Leonidas Iza dio lectura al mandato por la defensa de la vida, el agua y la naturaleza en los territorios, también denominado anti minero. Este documento se dio a conocer en forma simultánea en las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos, Azuay, Loja, Napo y Morona Santiago, el mismo iba a ser entregado a los representantes de los gobiernos locales.

Iza manifestó que el 31 de mayo el presidente puso la vigencia el decreto 754 que reforma el Reglamento al Código del Ambiente y que este reincide en inconstitucionalidades en cuanto a la consulta previa sobre la cual la corte constitucional ya se ha pronunciado. 

Además el líder indígena afirma que el gobierno confunde la consulta ambiental contemplada en el 398 de la Constitución con la consulta libre, previa e informada a las nacionalidades, que consta el artículo 57 de derechos colectivos, a la cual se adhirió es Estado a través de la OIT y otros organismos.

También hizo énfasis en que “el gobierno busca normar la consulta vía decreto, cuando la constitución exige que sea a través de la ley”. Y expuso su preocupación pues dice que al no existir “poder legislativo, se convierte en una dictadura constitucional, con lo cual se intenta saquear todo lo que pueda”.

Además, recordó que el 13 de junio se cumplió un año del aniversario de las movilizaciones que llevaron a establecer mesas de dialogo con el gobierno de Guillermo Lasso. En estas mesas de trabajo en el quinto punto se trató el tema de la consulta previa e informada y se había establecido desarrollar una ley al respecto, situación que no se ha cumplido.

Para Jaime Palomino, presidente del pueblo Shuar de Morona Santiago este mandato anti minero es importante pues afirma que el “57% del territorio shuar, en la cordillera del cóndor esta concesionado a las transnacionales”.

El pueblo shuar teme por el futuro de su territorio, la biodiversidad, los ríos, lugares turísticos y otros atractivos del sector. “hemos luchado por defender el territorio porque para nosotros la selva es vida y la minería es muerte porque en los países desarrollados con los minerales se elabora armas nucleares y bombas tóxicas para matar al ser humano”, indicó Palomino.

Entre los puntos que detalla el mandato están la derogatoria de los decretos 754, 707 y 730, sobre todo en las partes que se pretende vincular la lucha social con la práctica terrorista, suspensión de actividades mineras en territorios indígenas, zonas hídricas y zonas de protección arqueológica.

Desmilitarización de los proyectos mineros y la reparación integral a las familias y comunidades de personas asesinadas durante la lucha anti minera.