Decisiones de CNE, TCE y Fiscalía reconfiguran tablero de las seccionales 2026
Las últimas acciones, en medio de la polarización, pueden interpretarse políticamente y no solo desde lo legal
Los movimientos en el tablero electoral de las seccionales no provienen únicamente de las organizaciones políticas. En medio de la pugna, tres entidades de dos funciones del Estado también inciden en ese escenario: el Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Fiscalía.
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El papel del CNE
El más reciente giro lo dio el CNE. El viernes pasado resolvió adelantar las votaciones: se realizarán el 29 de noviembre de 2026 y ya no el 14 de febrero de 2027. En la práctica, la medida incide en la organización interna de partidos y movimientos, especialmente en la definición de candidaturas.
El argumento fue un informe de la Secretaría Nacional de Riesgos que advierte sobre la incidencia del Fenómeno de El Niño entre enero y marzo del próximo año. Esta entidad es una de las que depende directamente del Ejecutivo.
La decisión se suma a otras cuestionadas en meses anteriores. Antes del inicio del año electoral, declarado el pasado 14 de febrero, el CNE ya había remitido al TCE denuncias por presuntas infracciones electorales contra varios movimientos políticos, entre ellos la Revolución Ciudadana.
A su vez, organizaciones como el Partido Socialista Ecuatoriano habían presentado quejas desde la campaña para la consulta popular de noviembre de 2025.A estas acciones se añade otra reciente: el CNE inició el proceso de cancelación de los movimientos Unidad Popular y Construye. El primero, por ejemplo, fue uno de los impulsores del ‘No’ en la consulta popular de 2025.
TCE suspendió a la Revolución Ciudadana
En el ámbito de la justicia electoral, el TCE acogió un pedido de la Fiscalía basado en un informe reservado, para suspender por nueve meses a la Revolución Ciudadana. Este movimiento concentra actualmente alcaldías y prefecturas clave, además de constituir el segundo bloque más numeroso en la Asamblea, por lo que el correísmo es la principal fuerza opositora al oficialista ADN.
Las investigaciones abiertas por Fiscalía
Desde la Fiscalía también se registran acciones en el contexto electoral. La entidad inició la investigación del caso Caja Chica, que indaga un supuesto financiamiento irregular de la campaña del correísmo en 2023. El proceso involucra a figuras de alto perfil de la RC, incluida Luisa González.
A esto se suma el caso Goleada, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada con fines de defraudación tributaria y lavado de activos. Este proceso incide directamente en las seccionales, ya que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien es la principal figura para una eventual reelección.
Además, el 17 de marzo se conoció del allanamiento a la vivienda y oficina del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Al tratarse de su primer periodo, Zamora podría optar por una reelección.
Para el catedrático universitario Matías Abad, estos hechos configuran un escenario de alta intervención institucional en la próxima contienda electoral. “Coinciden decisiones de distintas entidades. El CNE ajusta tiempos y reglas. La Fiscalía actúa en el plano penal con efectos políticos y el TCE habilita o excluye actores”, señaló.
¿En juego la legitimidad del proceso electoral?
Por su parte, la experta en comunicación política Caroline Ávila advirtió que los procesos electorales son especialmente sensibles y requieren confianza. “Gestos como los que vemos en Fiscalía, TCE y CNE generan sospechas que no logran ser subsanadas y a veces eso es suficiente para lastimar un proceso electoral”, añadió.
Ávila consideró que, en un contexto de alta polarización, cualquier hecho que afecte, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana beneficia de forma directa a su opositor natural, ADN. En el caso de Construye, explicó que al oficialismo tampoco le resulta conveniente disputar la “misma piscina de votantes” con otra organización.
El experto en temas electorales Esteban Ron coincidió en la afectación a la legitimidad del proceso electoral. Sin embargo apuntó otro elemento. Tiene que ver con que la institucionalidad de ADN como organización política es débil.
“Si se confirma es coligación Gobierno- CNE, se podría decir que más bien se trata de ir encerrando a las otras organizaciones políticas para librar de la competencia a un ADN con poca capacidad de representación”, manifestó.
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