La tensión aumenta. En medio de la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional, los roces entre los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) escalan alrededor del concurso de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

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En sesión del pleno, realizada el 20 de septiembre, la consejera Mishelle Calvache propuso la incorporación de un punto en el orden del día para que la entidad solicite al administrador de la cesada Asamblea Nacional un pronunciamiento respecto a una de las integrantes de la comisión ciudadana que lidera el proceso.

Se trata de Nary Galarza, de quien, según explicó, no se tiene claridad sobre su presencia en la comisión del concurso de contralor. Sobre todo por representar a la Función Legislativa, misma que fue objeto de la muerte cruzada y cesación de la Legislatura 2021 - 2025.

“¿Qué dieta está recibiendo? ¿Es una funcionaria pública que aún percibe un sueldo de la Asamblea Nacional? ¿Qué intenciones tiene de seguir en un concurso sin percibir ni un solo centavo?”, cuestionó la consejera de minoría.

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Para resolver su duda, el presidente Alembert Vera convocó al coordinador general jurídico del Consejo de Participación, quien indicó que al no existir un acto administrativo o decisión judicial, “la designación (de Galarza) sigue teniendo validez”.

La respuesta gatilló la reacción de Vera, quien increpó a la consejera Calvache (con el apoyo de Augusto Verduga y Yadira Saltos) por presuntamente tener información privilegiada de una de las integrantes de la comisión ciudadana de selección del concurso de contralor.

“El documento que ha presentado (un certificado de que Galarza no es funcionaria pública) no está en una página web pública. Para esto usted requiere información personal de la comisionada. Tal vez es su amiga (...)”, soltó Vera.

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Además, dedicó los siguientes cinco minutos de la sesión del pleno para indicar que acciones como las de Calvache “son parte del ‘framing’ mediático” alrededor del Consejo de Participación y su crítica situación ante la Constitucional.

“La única razón por la cual se deja relucir es que tiene (Calvache) la firme intención de detener los concursos. No es la primera vez. Siempre es ante la prensa, nunca en el debate (del pleno del CPCCS)”, continuó.

La consejera Calvache, por su parte, insistió en que el punto en el orden del día planteado (mismo que no fue aprobado por el pleno) no pretende entorpecer, sino “transparentar el concurso” de la primera autoridad de la Contraloría.

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Sin embargo, el coordinador general jurídico de la institución insistió en que, pese a que Galarza ya no sea funcionaria de la Asamblea, “en su momento se cumplió todas las normas” y el pleno del Consejo de Participación la ha ratificado.

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