La sanción que recibió José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por el presunto delito de asociación ilícita para la oferta de tráfico de influencias en la presunta venta de cargos públicos, aún no está en firme.

Jueces de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial del Guayas que tramitaron la impugnación que presentó el exsacerdote, a la sentencia que recibió en el caso, dispusieron que se remita el proceso a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), para que en esa instancia se analice un nuevo pedido.

El pasado 9 de abril de 2021, dos de los magistrados dieron paso a un recurso de casación que presentó Tuárez al fallo que ratificó en todas sus partes la sentencia que dictó el Tribunal de Garantías Penales del Guayas, el 17 de agosto de 2020. El exfuncionario fue condenado a cinco años de cárcel, una multa de doce salarios básicos unificados, a ofrecer disculpas públicas y la pérdida de sus derechos políticos y de participación.

El expresidente de Participación Ciudadana permanece detenido desde el 28 de noviembre de 2019, como parte de una presunta red de tráfico de influencias en las que actuaron otros exfuncionarios públicos, que también fueron detenidos en el denominado operativo Emperador, ejecutado en esa fecha y que alcanzó a un total de 32 personas. La operación se desarrolló en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua y Sucumbíos, tras una investigación de cuatro meses, por parte de la Unidad de Administración Pública en Guayaquil.

El fiscal César Suárez, quien investigó el caso, acusó a Tuárez como autor directo del delito, además de otras seis personas por participar presuntamente en la asociación ilícita para ofertar cargos públicos a cambio de sumas de dinero, comprendidas entre 5.000 a 500.000 dólares.

En sus intervenciones, Suárez expuso más de 45 elementos de convicción, entre estos, las escuchas telefónicas autorizadas por autoridad judicial, extracción de información de teléfonos celulares, seguimientos a procesados, documentación (facturas, estados de cuenta, letras de cambio, cheques…) relativa al hecho, pericias informáticas y de cotejamiento de voz, inspección ocular técnica, entre otras.

Citó fechas de las supuestas reuniones sostenidas por los integrantes de la presunta agrupación delictiva, en Quito y Guayaquil, y demostró que José Carlos Tuárez “era el encargado de ofertar cargos públicos en sus diferentes modalidades, para instituciones como el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas y Petroecuador”, detalló la Fiscalía en ese entonces.

Agregó que en esas reuniones participaban otros miembros de la organización, liderada presuntamente por el exfuncionario, quien junto a la también sentenciada Renata Jalkh, “acordaba los puestos a ofertar e indicaban los valores que deberían cancelarse por ellos, además de la adjudicación de contratos con instituciones públicas, para lo cual, presuntamente, solicitaban porcentajes de los montos de contratación”.

Jalkh se acogió al procedimiento abreviado tras aceptar el hecho fáctico, igual que una docena de procesados que fueron condenados a 12 meses de cárcel. A la fecha ya cumplieron la sanción y recuperaron la libertad.  Otros tres están aún a la espera del juicio, pero permanecen con medidas sustitutivas a la prisión. 

Ahora, el proceso completo pasará en sobre cerrado a la CNJ, a efectos de que previo al sorteo correspondiente, se radique su competencia en un Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, para resolver la casación planteada por Tuárez, quien es el único que guarda prisión en el caso y hasta la fecha ha cumplido 17 meses de la condena.