La jueza de la Corte Nacional de Justicia Daniella Camacho declaró concluida la instrucción fiscal por posible tráfico de influencias que se siguió en contra de la exsecretaria de Riesgos María Alexandra Ocles y otros procesados. La formulación de cargos para Ocles y otros se hizo el 18 de mayo. El 15 de agosto otro sospechoso fue vinculado al expediente.

En una providencia Camacho recordó que el plazo improrrogable para concluir la investigación era de 120 días que vencía el 15 de septiembre. "A la fecha de emisión de esta providencia, ha vencido el plazo improrrogable de la instrucción en la presente causa, sin que la Fiscalía haya solicitado el cierre de la misma", señala. Por esa razón y al haberse cumplido el plazo determinado en el artículo 593 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), "se declara concluida la instrucción fiscal" y la Fiscalía deberá cumplir con las reglas del artículo 600 del COIP. 

El mencionado artículo señala que concluida la instrucción el fiscal debe solicitar al juez que señale día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la que será convocada en un plazo no mayor a cinco días y se efectuará en un plazo no mayor a quince días. La norma señala también que de no acusar, el fiscal emitirá su dictamen debidamente fundamentado y será notificado al juez para que disponga su notificación a los sujetos procesales.

El pasado 12 de agosto de 2020, la Procuraduría presentó acusación particular en contra de Ocles, Cesar Egas, Jorge Obaco, Mauricio Carvajal y Carlos Muñiz debido a que se habría concedido un contrato con el Estado en contra de disposiciones legales y reglamentarias. La acusación fue aceptada a trámite y puesta en conocimiento de los acusados.

En su acusación la Procuraduría recordó que Ocles como directora del Servicio de Gestión de Riesgos declaró la situación de emergencia en esa institución y acogió la sugerencia de un informe técnico de proyección de necesidad de kits de asistencia alimentaria para personas en condición de vulnerabilidad en Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO).

Eso llevó al procedimiento de contratación por emergencia para adquirir 7.000 kits complementarios de alimentos que debían ser entregados a la población afectada. Ocles emitió una resolución con la que se acogió y aprobó el informe de necesidad, los términos de referencia y el informe de idoneidad pero en esos documentos no se justificó el aumento del número de kits a ser adquiridos, dijo la Procuraduría.

La mesa técnica de trabajo 4 habría recomendado adquirir 1.249 kits. La Procuraduría señala que no existió el estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial, ni el desglose o detalle de los valores o precios unitarios de los productos que formaban parte de los kits complementarios de alimentos (algunos de los cuales se encontraban exentos del IVA). 

Tampoco se determinaron los parámetros objetivos o un análisis mínimo de capacidad o experiencia del oferente, ni su condición de proveedor no intermediario, ni de su capacidad logística y operativa. Pese a la inexistencia del sustento Ocles habría autorizado y dispuesto el inicio de la contratación de emergencia por 1'055.740,00 dólares sin incluir IVA.

En su comparecencia a la Asamblea que llamó a la exfuncionaria a dar explicaciones señaló que se trataba de un contrato no ejecutado y que es un proceso que está bien hecho. "Nunca le he metido la mano al bolsillo de la gente. Vivo de mi trabajo en los lugares en los que he cumplido la función pública, nunca he tenido problemas de ningún tipo, y esta vez no va a ser la excepción", señaló a los legisladores. A la Fiscalía le corresponde emitir un dictamen acusatorio, abstentivo o mixto.