Correistas vs. resto del mundo
El proyecto urgente de Ley de Fomento Productivo pasó el primer debate. El bloque correísta encabeza la oposición. Hay consenso por aprobar la ley.
Los asambleístas del correísmo se graduaron en su nueva especialidad: ser minoría. En 12 de junio, en el primer debate sobre la Ley de Fomento Productivo, enviada por el Ejecutivo con carácter de urgente, lucían resignados a ceder algunos de los puntales ideológicos del régimen económico y fiscal de su decenio: eliminar progresivamente el impuesto a la salida de capitales; propiciar los tratados bilaterales de inversiones con arbitraje internacional; reducir el gasto público y achicar el tamaño del Estado... El proyecto llegó al pleno con el voto favorable de la unanimidad de los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico. Sin embargo, en el debate, para el cual se inscribieron más de 45 legisladores y continuaba desarrollándose al cierre de esta edición, llovieron las propuestas de cambios y reformas.
El correísta Mauricio Proaño resumió los desacuerdos de su bloque con el proyecto de ley. Según él, la propuesta de remisión de intereses, multas y recargos a los deudores del SRI solo beneficia a los grandes grupos económicos que, admitió, crecieron como nunca antes durante el decenio de Rafael Correa. Y la eliminación del impuesto a la salida de divisas es una amenaza contra la dolarización. Proaño hizo un auténtico elogio a la carga impositiva: los países donde esta es mayor, dijo, tienen menos desempleo, mayor inversión y más rápido crecimiento. En cuanto a los tratados bilaterales de inversión, fue su coidearia Doris Soliz quien puso la pica en Flandes: atentan contra la soberanía. Eso y el recorte de gasto público son, dijo Sofía Espín, “puntos innegociables”.
En los distintos bloques hubo un consenso sobre la necesidad de incrementar los incentivos al sector agropecuario. La posibilidad más viable parece ser incluir en la remisión de multas e intereses (y aun de capitales, llegó a decir Guillermo Celi, de SUMA) a los deudores de Banecuador (ex Banco Nacional de Fomento).
Otro acuerdo: la remisión de pagos no debe incluir a quienes ya hayan sido beneficiados por medidas similares en el pasado (concretamente, en 2015).
Patricio Donoso (CREO) propuso un mecanismo para impulsar el mercado de valores. Cristina Reyes (PSC), una fórmula para blindar los recursos de la seguridad social. René Yandún, un esquema de tratamiento preferencial para los deudores de las zonas de frontera declaradas “deprimidas”. Varios más coincidieron en la necesidad de un seguro agrícola efectivo...
Pero no todas la posiciones fueron ideológicas. Las hubo también regionales. Los asambleístas amazónicos de todas las tendencias cerraron filas para defender las asignaciones especiales reconocidas para sus provincias por concepto de la explotación petrolera y amenazadas, dicen, con este proyecto de ley. A los de Galápagos, en cambio, les preocupa el tema de las patentes turísticas. Son tantas las aristas de esta ley (que reforma 18 códigos existentes y ha sido llamada Ley Trole 3) que la Comisión de Desarrollo Económico tiene harto trabajo por delante para sistematizar la lluvia de propuestas antes del segundo debate.
No le fue mal a Lenín Moreno en este pulso con el Legislativo. Salvo los correístas, todos parecen dispuestos a apoyarlo en líneas generales. “No es la ley ideal que necesita el país, pero sí la que necesita el Gobierno para respirar”, zanjó Homero Castanier (CREO). Para el correísta Pabel Muñoz, en cambio, se trata de una suerte de traición política: “los que votaron por él votaron por el Gobierno -dijo- se ven perjudicados. Los que no votaron por el gobierno, se benefician”. Así será. Al menos en el Pleno, Moreno cuenta con el apoyo de quienes no votaron por él.
Regresan los viejos hábitos
Los asambleístas quieren recuperar la posibilidad de pedir información a las autoridades directamente y no a través de Presidencia, como ocurre desde la legislatura de Fernando Cordero. Un pedido de Fernando Callejas para debatir este punto fue aprobado por unanimidad.