Correísmo fiscaliza bombardeo militar a supuesta finca en Sucumbíos

El asambleísta Comps Córdova, de la Revolución Ciudadana (RC), dijo este 26 de marzo de 2026 que ha solicitado información al Ministerio de Defensa, como parte del proceso de fiscalización que desarrolla sobre las operaciones militares que ejecutaron las Fuerzas Armadas en el sector de San Martín, en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en donde, aparentemente, los uniformados habrían bombardeado una finca lechera.

El legislador de la provincia de Sucumbíos dijo que el 13 de marzo inició el proceso de fiscalización y solicitó a los Ministerios de Defensa y Gobierno información sobre cuatro puntos:

• El nombre de quién autorizó el bombardeo.
• Cuál fue el informe de inteligencia que tuvieron.
• Los hallazgos en ese supuesto campamento.
• Las acciones que realizan las fuerzas extranjeras en Ecuador.

Córdova aseguró que luego de ese requerimiento, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, habría solicitado una prórroga el 20 de marzo para entregar la información.

Al legislador le llamó la atención que Defensa solicite más tiempo, mientras la noche del miércoles 19 de marzo esa Cartera de Estado emitió un pronunciamiento sobre el bombardeo, en respuesta a la publicación del diario estadounidense, The New York Times, que publicó que el ataque no habría afectado a un objetivo militar sino a civiles que trabajan en una supuesta granja lechera.

Asambleísta correísta cuestiona que no haya detenidos por armas

"Recién habla de los hechos y con la prórroga que me pidieron, es que no tienen información, actuaron sin la debida información clara. ¿Dónde está la inteligencia del Estado para hacer la acción de un bombardeo? Dicen que vienen con el apoyo de Estados Unidos, entonces ¿falló la inteligencia?", cuestionó el parlamentario correísta. 

Según Córdoba, es preocupante que si los militares encontraron armas en esa zona, hayan liberado a los campesinos que interrogaron. "Deberían estar detenidos porque es penado tener armas", manifestó. 

En ese sentido, el asambleísta considera que la falta de aprehendidos y de información sobre la operación hace presumir un intento de "aparentar la incursión ilegal porque no encontraron nada". 

Las interrogantes alrededor del bombardeo surgieron después de que la agencia internacional de noticias, AFP, y el Times documentaran que el ataque militar habría destruido una finca en la que trabajaban campesinos colombianos. Según las publicaciones de ambos medios, los trabajadores habrían sido agredidos y presionados para que hablen sobre la droga y armas que tenían en "caletas".

Defensa dice que se eliminó campamento de alias 'Mono Tole'

Sin embargo, la versión oficial del Ministerio de Defensa es que el bombardeo eliminó un campamento que era empleado como zona de entrenamiento y descanso de alias 'Mono Tole', cabecilla del grupo de disidentes de la guerrilla colombiana, Comandos de la Frontera.

La noche del miércoles, esa Cartera de Estado dijo que en la operación denominada Ofensiva total, la cual se desarrolla con Estados Unidos, "se registraron hallazgos vinculados a actividades ilícitas, entre ellos un fusil semiautomático y un alimentador de 30 cartuchos; se aprehendió a cuatro ciudadanos colombianos" y que en el momento de la intervención, se constató que el lugar "no correspondía a una granja lechera, ya que en el sector no existía presencia de ganado ni actividad productiva de ese tipo".

Defensa señaló que en esa zona se planeó el asesinato de los 11 militares en el Alto Punino, cuya emboscada se perpetró en febrero de 2025, por lo cual se mantiene una vigilancia constante. Además, recordó que dentro de la zona de seguridad del Estado se contempla a los 40 kilómetros de la frontera, por lo que esa área está destinada a la defensa nacional y, por tanto, se prohíben los asentamientos o edificaciones sin autorización.

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