No fue un hecho aislado y realizado en secreto. El proceso de compra de mascarillas N95, que intentó hacer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con precios inflados no pudo ser orquestado por mandos medios. Según información oficial a la que accedió EXPRESO, detrás de la compra de 1,5 millones de dólares tenía que estar la firma de los directores y subdirectores generales de la institución. 

Felipe Pezo, representante de los empleadores en el Consejo Directivo del IESS, ya señaló esa novedad en una carta que envió a Pául Granda, presidente del Seguro Social, antes de que se suspenda la compra. En una carta de dos páginas, el delegado de los empresarios señala a varios funcionarios que dieron luz verde a una operación que perjudicaba al Seguro y, por ende, a los recursos de todos los afiliados. 

Por eso, y como primer paso, Pezo solicita que se inicien sumarios administrativos a Miguel Ángel Loja Llanos, Director General del IESS y a Mauricio Espinel Lalama, director del Seguro de Salud Individual y Familiar. Los dos sabían de una compra tan alta pero no la suspendieron. Fueron las denuncias en redes sociales las que evitaron la adjudicación a una empresa que ha sido observada por no cumplir con los requisitos para la entrega de mascarillas.

Granda, sin embargo, no acogió el pedido de Felipe Pezo. 

Tampoco escuchó el pedido de ampliar la investigación a otros funcionarios que debían evitar esa operación. Cada mascarilla se iba a adquirir en 12 dólares cuando el precio de mercado no supera los cuatro dólares.

¿Qué otros funcionarios están señalados por Pezo? Él pide que se conceda vacaciones, con fines de investigación, a Paúl Auz Jarrín, procurador General del IESS; María Cecilia Arteaga, directora Nacional de Servicios Corporativos; Carolina Cepeda, subdirectora Nacional de Compras Pública; María Antonella Burbano, subdirectora Financiera de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar "y a todos los funcionarios que intervinieron en este proceso de compra con presunto sobreprecio". Pide que el Ministerio de Trabajo también intervenga. 

La carta de Pezo finaliza haciendo notar otra omisión de Granda. Él aseguró que las autoridades de control (Fiscalía y Contraloría) investigarán la operación pero nunca convocó al Consejo Directivo para autorizar eso. Ese requisito es fundamental pero, por el discurso, el representante de Lenín Moreno ante el IESS solo hizo el anuncio político y descuidó los pasos de ley.