La emergencia no termina ni en lo sanitario ni en lo administrativo. La Contraloría General del Estado aún tiene en proceso 181 informes y exámenes sobre las compras que hizo el Estado durante el estado de excepción por la propagación del coronavirus.

Los análisis en proceso, sin embargo, no son los únicos que se derivaron de la emergencia sanitaria. Hasta el momento, según el informe semanal de la Contraloría, se han realizado 287 acciones de control relacionadas con la pandemia de COVID-19.

¿Quiénes fueron examinados? 96 hospitales y centros de salud que pertenecen al Ministerio de Salud Pública (MSP), 41 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cinco a los institutos de Seguridad Social de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Además, 123 acciones corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas y 22 a entidades del gobierno central.

Entre las principales fallas se encontraron errores en la tramitación de los contratos de emergencia. 72 informes generales muestran, por ejemplo, “incumplimiento de la normativa legal específica, inconsistencias en las contrataciones de ínfima cuantía, compra de trajes de bioseguridad sin registro sanitario, compras con sobreprecios y adjudicaciones direccionadas, entre otros”.

Las falencias de las entidades públicas derivaron en 34 informes con indicios de responsabilidad penal que ya están en manos de la Fiscalía General del Estado. Tal como informó EXPRESO, Guayas concentra la mayoría de casos.