Desconocimiento, falta de preparación y, obviamente, corrupción. Esos son los principales elementos que rodean las compras irregulares que hace el Estado. En diez meses -entre enero y octubre de este año- al menos 271 contrataciones públicas tuvieron anomalías que fueron comunicadas a la Contraloría General del Estado.

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) revisó los procesos de compra que hacen todas las entidades estatales y detectó novedades que debieron reportarse para una investigación más profunda. En algunos casos, al menos eso esperan las autoridades, los errores son de buena fe. En otros, y es la constante en el Estado, se tratan de operaciones irregulares que tenían propósitos delictivos.

Se trata de afectar al país -y al dinero de todos los ecuatorianos- con sobreprecios, compras direccionadas y hasta necesidades inventadas. El reporte del Sercop muestra, por ejemplo, que gobiernos seccionales y entidades públicas trataron de hacer compras para pavimentado y asfaltado amparándose en la emergencia sanitaria. Una ilegalidad.

Silvana Vallejo, directora general del Sercop, mencionó que ese tipo de procesos fueron comunes en los meses iniciales de la pandemia de COVID-19 en el territorio nacional. Esos se enviaron a la Contraloría y son parte de los 271 informes irregulares.

Pero no todo fue por la emergencia. En enero y febrero, antes del aislamiento obligatorio por el coronavirus, hubo 69 procesos de compra que no se concretaron por la serie de irregularidades.

Ahí están empresas públicas como Petroecuador, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Medios Públicos. También municipios, prefecturas y juntas parroquiales.

En total, muestra el reporte, 97 municipios tuvieron contrataciones, entre enero y octubre, que están en manos de la entidad que dirige Pablo Celi. También hay 31 hospitales y centros médicos, 22 juntas parroquiales, 21 empresas públicas locales, 17 prefecturas, 15 ministerios, 13 empresas del Ejecutivo, 10 entes de la Policía Nacional, ocho universidades, seis corresponden a las Fuerzas Armadas, tres de bomberos, entre otras.

Los resultados de esas novedades están en las manos de la Contraloría. En el mismo periodo, el ente de control envió a la Fiscalía General del Estado 29 informes con indicios de responsabilidad penal por compras hechas para supuestamente atender la emergencia.

Vallejo destacó, cuando fue consultada por las compras con novedades, que en los gobiernos locales hace falta una mayor preparación para cumplir con los procesos precontractuales de las transacciones. El Sercop, dijo, está abierto a asesorar y a capacitar al personal burocrático.