Se necesitan cambios urgentes. El contralor general del Estado, Pablo Celi, compareció ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional para pedir modificaciones en la Ley de Contratación Pública. A su criterio, dijo hoy -2 de septiembre de 2020- en la mesa legislativa, hay al menos nueve medidas que se pueden mejorar.

La primera, y más relacionada con la ley de contratación pública, es que solo podrán ser proveedores del Estado quienes tengan un objeto social claro y relacionado con la compra que se adjudique. Durante la emergencia sanitaria, por ejemplo, personas con negocios ajenos a medicina entregaron insumos médicos al Estado.

Otro pedido es que se elimine el Giro Específico del Negocio que permite que una empresa pública contrate servicios y bienes sin concurso. Esa herramienta fue usada por las empresas petroleras con fines corruptos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Celi aprovechó la visita virtual para pedir otros cambios normativos. Solicitó que se devuelva a la Contraloría la capacidad de control previo, que se restituya el registro de contratistas incumplidos, que la Contraloría pueda mantener un registro de los contratos firmados por el Estado y que se necesite de un dictamen de ese ente para la creación de una nueva entidad pública.

En la lista de medidas y reformas necesarias para evitar actos de corrupción también está la ampliación de publicación de información pública, la fijación estricta de plazos y la capacidad descontar a las entidades públicas “los valores correspondientes a determinaciones de Responsabilidad Civil, establecidas por la Contraloría, como resultado de sus auditorías, hasta que su importe total sea recuperado”.