Pocas condenas por lavado

Misión casi imposible. Eso aplica para condenar los delitos de lavado de activos en Ecuador, según los legisladores de oposición, que estuvieron en el primer debate al proyecto de Ley de Prevención del delito de lavado de activos.

“Es impresentable. En 2015 hubo 47 reportes de operaciones inusuales, de los miles que se tratan. Eso no les cree nadie. De ellas, hay solo 20 judicializadas. Algo no está funcionando”, dijo a EXPRESO el legislador independiente y miembro de la Comisión del Régimen Económico, Ramiro Aguilar.

Sin embargo, según información de la Fiscalía, ese mismo año se iniciaron 274 procesos de investigación.

“El Gobierno gastó el doble: en laboratorios de investigación en la Fiscalía y en la Policía. Ambos hacen lo mismo, pero el presidente Rafael Correa no lo sabía. Para armonizar el trabajo hizo un decreto, que obliga al presidente de la Judicatura a ser parte del comité”, agregó el asambleísta.

Por eso, la mesa elaboró una reforma integral, aprobada por unanimidad, que sustituirá a la normativa vigente de lavado de activos.

La propuesta tiene 17 artículos y tres disposiciones transitorias. ¿Los puntos principales? Aplicará a todas las actividades económicas susceptibles al lavado de dinero. Incluye al sector de la economía popular y solidaria.

Se amplía el número de sujetos con obligación de informar sobre sus transacciones (ver infografía) a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Ellos no podrán invocar al sigilo bancario o a la reserva bancaria, ni al secreto profesional o fiscal.

También incrementa las multas para las contravenciones. Así por ejemplo, para aquellos que no entreguen la información estas serán: de 15.006 dólares (41 salarios básicos unificados) y 29.280 (80 salarios básicos unificados).

La UAFE estará adscrita a la Presidencia de la República porque es responsabilidad de la Función Ejecutiva, dice la propuesta. Además, crea el Consejo Directivo del Sistema especializado Integral, Medicina Legal y Ciencias Forenses, para enfrentar el crimen organizado y el lavado de activos.

El asambleísta socialcristiano, Luis Fernando Torres, cree que la propuesta no hace contribuciones ni aportes a la actual ley. “Prefería que el tema sea manejado por la Procuraduría, que está lejos del poder gobernante, y es más profesional”, señaló a este Diario.