Le quedan 15 meses de gobierno al presidente de la República Daniel Noboa para terminar su mandato; pero aún no se confirma el inicio de la construcción de las prisiones con tres niveles de seguridad que según lo anunciado en 10 meses estarán listas para su uso.

Se trata de dos cárceles con tres niveles de seguridad: alta seguridad, máxima seguridad y súper máxima seguridad. Una va a estar en la provincia de Santa Elena y otra en Pastaza.

En primera instancia se anunció que el 11 de enero se iba a colocar la primera piedra, pero lo que ocurrió es que en un mensaje a la nación se expuso que se aprobaron los planos para después iniciar construcción.

Ahí el primer mandatario indicó las características: “van a contar con inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo; autogeneración eléctrica, sistema de tratamiento de aguas, construcción blindada, guardias sin rostros; y licencias y permisos ambientales”.

En consecuencia, Diario EXPRESO solicitó al Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) detalles del avance de la obra, pero señalaron que no tienen mayor conocimiento del proyecto y enfatizó que ese tema lo maneja Presidencia.

Por ende, este periódico recurrió a la Secretaría de Comunicación para que dirija el pedido a la Presidencia de Ecuador sobre los estudios de suelo, la entrega de servicios básicos a las zonas elegidas además de la edificación y si ha emitido las socializaciones del proyecto con los integrantes de las comunas que serán vecinas de la obra.

A través de un correo electrónico se ponderó que: “al momento, la información es reservada” y que en cuanto “tengamos datos que puedan ser públicos”, se los hará llegar.

Hasta mientras, José Esach, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), señaló a este medio de comunicación que desde el anuncio dado a inicios de 2024 no hay un acercamiento desde el Gobierno Nacional para que se explique al menos datos generales de la iniciativa y la garantía de que no habrá desventajas de tener la obra en dicha zona del país.

“No hemos recibido ninguna invitación al diálogo, carta oficio o algún acercamiento. Con decirle que no ha llegado a la zona un solo funcionario o al menos los tenientes políticos de las parroquias, alcaldes o gobernador para hablarnos de qué mismo se va a hacer”.

Esach recuerda que tampoco han recibido respuesta sobre su oficio enviado el pasado 21 de enero para tener una reunión entre las autoridades de los gobiernos locales y las relacionadas al tema con el fin de “llevar una agenda de trabajo sobre las cárceles y otros temas importantes en la Amazonía”, puntualizó.

Esach insiste en una respuesta, porque tienen conocimiento de que se analizan cuatro sectores para la instalación de la infraestructura, pero al no tener una vía de comunicación con la Presidencia se ha generado temor e incomodidad por la falta de seguridad y violencia en el territorio entre otros aspectos.

“Eso tampoco es bueno para nosotros, porque se dan anuncios en redes sociales, en noticias y a nosotros no nos dicen nada. Proyectos de esos niveles también deben hacer primero estudios y licencias para que después no haya culpables por daños, impactos y efectos negativos en el ecosistema”, resaltó Esach.

Un panorama similar se da en la provincia de Santa Elena, pero esta vez desde la Casa de la Cultura, a su director, Félix Lavayen, le preocupa que el territorio escogido es considerado ancestral y patrimonial.

El funcionario explicó que existen investigaciones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural que prueban aquello y además está el    proyecto denominado ‘Camino de los Dioses Huancavilcas’,    con el objetivo de mostrar los sitios donde han encontrado diversos monolitos.

Uno de los tótems más reconocidos en el Ecuador es San Biritute, figura antropomorfa que data de 1532, también en estas montañas se han descubierto las efigies denominadas ‘Cirilo’ y ‘Cirila’ que se encuentran en el parque central de la cabecera parroquial, ‘el mono de Chongón’ entre otros.

“No estamos en contra de que se construyan cárceles de máxima seguridad en el país, estamos conscientes de que son muy necesarias por la inseguridad que atravesamos. La objeción es porque el territorio donde se ha anunciado construir es culturalmente rico para el país y Latinoamérica”, refirió Lavayen.

Mario Reyes, residente del lugar, establece que  lo poco que se conoce es por lo que se divulga en la prensa. “Estamos a la espera de la socialización. Personeros del Gobierno deben venir a dialogar con nosotros”.

Sobre el tema se consultó al consejero de seguridad del Gobierno Nacional, Hugo Acero, y enfatizó que no tenía información al respecto.

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No obstante, el pasado 22 de febrero, el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí, dio algunas luces sobre la iniciativa y adelantó que la obra se contempla en un plan anual de inversiones del Ejecutivo que bordea los $ 1.700 millones dentro del proyecto del presupuesto estatal.

De ahí, se estima destinar $ 125 millones para la construcción de las dos cárceles anunciadas y que prevén que se puede aumentar a $ 140 millones dependiendo de variables durante su construcción.

Del tema, no se ha dado más pormenores, ya que esta información salió de un taller en el que participó Falconí, sobre el presupuesto estatal.

Pero en la Asamblea Nacional se analiza el total del monto que el Gobierno Nacional estima usar como presupuesto estatal hasta el mes de diciembre. El total es de $ 35.536 millones.

La proforma tiene un rubro de $ 3.519 millones para las entidades que conforman el Gabinete de Seguridad, lo que representa un aumento de $ 214 millones en comparación al presupuesto devengado, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega.

De su lado, el viceministro Falconí ha adelantado que la proforma no contempla el dinero del aumento del IVA al 15 % y cuando este suba se recalcularán las asignaciones.

• El presupuesto de las cárceles aumenta

En el presupuesto proyectado del Gobierno Nacional se estima que el SNAI reciba 229 millones de dólares. De ese monto, 116 millones se planifica para infraestructura, sea en adecuación o mantenimiento de las 35 cárceles existentes en el país.

Para el experto en seguridad Renato Rivera Rhon, es prioritario que se establezca la construcción de las nuevas cárceles en sectores alejados y no dentro de ciudades como hay en la actualidad.

“Sobre agua potable y luz se crean tanques y generadores de energía para que se    pueda controlar como un régimen carcelario como se da en Colombia, México y Perú”.

No obstante, sostiene que sí debe haber conversaciones con las comunidades y los gobiernos locales porque “siempre hay resistencia” pero se debe mostrar también los posibles beneficios de las obras en la zona.

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