En 1986 subió a la presidencia de Colombia Virgilio Barco. Fue quien impulsó una política que llega hasta la actualidad y de la que Ecuador se ha beneficiado: la extradición de los narcotraficantes a EE. UU.

Wilder Emilio Sánchez Farfán, más conocido como el Gato Farfán, es el último de los narcotraficantes ecuatorianos que será entregado a la justicia norteamericana para cumplir sentencia por tráfico de drogas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, autorizó su extradición el 30 de noviembre. Para la DEA, la principal organización de control de drogas en el mundo, Farfán es una importante pieza del narcotráfico en la región, pues él contaba con nexos dentro del Cartel de Sinaloa y del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Su rol era facilitar envíos de varias toneladas de cocaína con destino a los Estados Unidos. Hasta octubre de 2019, la justicia norteamericana hizo la acusación, Farfán estaba involucrado en el envío de 48 toneladas de cocaína, 90 kilogramos de heroína.

En Ecuador, Farfán también es investigado por narcotráfico y por lavado, pero la justicia local no ha pedido su extradición. Antinarcóticos abrió una investigación en su contra a partir de la captura de 125 kilos de cocaína escondidos en un cargamento de banano en Puerto Bolívar, en Machala, 12 de abril de 2019. Otro proceso penal es por sus bienes, entre estos una hacienda ubicada en San Vicente, Manabí, donde tenía una pareja de jaguares y 23 aves exóticas. En este proceso están involucrados los allegados de Farfán.

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El último capo en ser detenido por las autoridades ecuatorianas fue, según la Policía, Leandro Norero. Sin embargo, antes de que comparezca ante un tribunal de juicio fue asesinado en la cárcel y poco después los jueces ordenaron la devolución de una parte de sus bienes decomisados a su familia.

En la década de los 80, el presidente Barco estaba empeñado en usar todas las facultades legales a su disposición para someter a los narcos y controlar sus diversas formas de violencia. Hizo de la extradición una herramienta contra la impunidad y, pese a las demandas para echar abajo la figura, la extradición se ha mantenido.

En Ecuador, la historia es diferente. La mayoría de los ecuatorianos rechazó en este año la extradición de sus compatriotas involucrados en el crimen organizado internacional. El camino posible para conseguir que los sospechosos paguen por sus delitos es sacarlos a Colombia.

La estrategia se aplicó en el caso de Édison Washington Prado Álava, alias Gerald. La DEA y las autoridades colombianas trabajaron durante un año para lograr “atraer” a Gerald a Colombia. En 2017, cuando estuvo fuera de Ecuador, fue capturado en Ipiales.

Hoy, en EE. UU. cumple una sentencia de 19 años de cárcel, por el tráfico de 250 toneladas de droga a través de lanchas.

Ya en 2006, Óscar Ramiro Pozo Mera. Fue capturado en el Puente Internacional de Rumichaca, mientras tramitaba su tarjeta andina para ingresar a Colombia. Desde 1995 había sido requerido por Colombia, por delitos de narcotráfico. En 2007, el presidente Álvaro Uribe autorizó su entrega a los EE. UU.

Jairo Yomar Zambrano Hernández, alias el Negro, es un ciudadano con doble nacionalidad, colombiana y ecuatoriana, que fue detenido en Pasto, en 2021. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también dio paso a la extradición, luego de un requerimiento de los Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de activos.

• Se propone una enmienda

La bancada legislativa del movimiento Construye, que impulsó la candidatura de Fernando Villavicencio, asesinado por sicarios en agosto de 2023, anunció que presentará a la Asamblea Nacional una propuesta de una enmienda constitucional para la extradición de ecuatorianos en ciertos delitos. Jorge Peñafiel, asambleísta, explicó que la propuesta es que los ciudadanos que cometan delitos graves: contra la vida y contra la integridad sexual, narcotráfico, así como tráfico de órganos, de personas, etc., puedan ser enviados a los países que los requieran. El artículo 79 de la Constitución establece que “en ningún caso se concederá la extradición” de los ecuatorianos y su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. Según Peñafiel, la propuesta busca darle al país “un respiro en contra de las bandas”.

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