Caso Petrobras: “Dilma tambien sabia todo”
Un senador acusado de participar en el mayor escándalo de corrupción de Brasil dijo al semanario Veja que la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, conocían las irregularidades e intentaron bloquear las investigaciones de los fiscales.
El senador Delcídio Amaral explicó que las exitosas campañas presidenciales de Rousseff en 2010 y 2014 fueron financiadas con fondos provenientes del esquema de corrupción.
Amaral era el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado y un estrecho aliado de Rousseff hasta que fue detenido en noviembre por cargos de intentar sobornar a un exejecutivo de la petrolera estatal Petrobras a cambio de su silencio en la investigación.
El senador abandonó el partido esta semana después de haber aceptado un acuerdo de culpabilidad, uno de varios tratos ofrecidos por los fiscales para avanzar en su investigación.
Los comentarios de Amaral podrían aumentar la presión sobre Rousseff, cuyos opositores salieron nuevamente a las calles ayer para pedir su destitución del cargo.
La mandataria enfrenta un proceso de juicio político en el Congreso, acusada de manipular las cuentas presupuestarias de Brasil. Los llamados a la presidencia para solicitar comentarios no fueron respondidos de inmediato, mientras que un portavoz del expresidente Lula dijo que Amaral solo estaba tratando de obtener beneficios. Tanto Rousseff como Lula han negado las acusaciones.
Según el senador, Lula negoció el nombramiento de los directores de Petrobras en nombre de los partidos políticos y era consciente de cómo los partidos utilizaron su influencia en la empresa para financiar las campañas políticas a través de sobornos.
“Lula negoció directamente con los partidos el nombramiento de directores de Petrobras y sabía cómo los partidos los usaban a ellos, sobre todo en temas de financiación de las campañas”, dijo Amaral a Veja. “Dilma heredó y se benefició del esquema, que financió sus campañas políticas. Dilma también sabía todo”, agregó.
Mientras se avanza en la investigación, el Gobierno brasileño incrementó su presión ante los tribunales y la policía, ante el cerco que la justicia ha tendido alrededor de Lula.
El abogado del Estado, José Eduardo Cardoso, anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión cautelar que en la noche del viernes congeló el nombramiento de Lula como ministro y que, en consecuencia, le privó del fuero privilegiado y permitió que su proceso siga en una corte común.
La decisión cautelar tomada por el magistrado Gilmar Mendes puso fin a un torbellino de sentencias sucesivas y contradictorias y supuso un mazazo para Lula, que ahora podría ser procesado por el riguroso juez Sergio Moro, el principal responsable del caso de corrupción en la petrolera Petrobras.
En su sentencia, Mendes consideró que el nombramiento se realizó “claramente” con el propósito de “impedir” un posible arresto de Lula, puesto que la fiscalía de Sao Paulo solicitó una orden de prisión preventiva, que aún no ha sido analizada por la justicia.
Esa decisión también fue un jarro de agua fría para el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, quien albergaba la esperanza de que Lula pudiera contribuir a frenar la desbandada de partidos aliados, en un momento que se enfrenta a un posible juicio.
Un senador acusado de participar en el mayor escándalo de corrupción de Brasil dijo al semanario Veja que la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, conocían las irregularidades e intentaron bloquear las investigaciones de los fiscales.
El senador Delcídio Amaral explicó que las exitosas campañas presidenciales de Rousseff en 2010 y 2014 fueron financiadas con fondos provenientes del esquema de corrupción.