Una bola de nieve que podría convertirse en avalancha. El caso Olón, que nació como una causa ambiental y hoy se ventila en la esfera política, es para los analistas consultados por EXPRESO una suma y resta de popularidad y acusaciones para el gobierno de Daniel Noboa y su perfil político, con el que aspira a la reelección.

Uno de los puntos a disminuir, según el consultor político, Alfredo Dávalos, sería la credibilidad presidencial: “Desacreditar las voces de las organizaciones sociales y ciudadana, calificando como un ataque político algo que da cuenta que no tuvo el proceder correcto, es un error y está minando y afectando la credibilidad y gestión no solo del presidente, también de los funcionarios involucrados”.

Algo que podría jugarle en contra al presidente Daniel Noboa a la hora de hablar de reelección en 2025, según Tatiana Larrea, consultora política. Pues, explica, que cuando se afecta la credibilidad, “no solo hay un quiebre en la autenticidad, sino también en la coherencia. Cuando esto pasa, es un grave problema, porque preferible que digan me caes mal, a ya no te creo. Es el problema que podría enfrentar”.

La popularidad es otro de los puntos que se podrían restar a la imagen del presidente de Ecuador y su administración, señala Dávalos. Algo importante, dice, al recordar que “el voto de los jóvenes” consagró a Noboa en el cargo: “Ellos tienen otro chip, promueven y defienden temas ambientales y animalistas. Habría que ver qué están pensando, porque hay que entender, más allá de las fuerzas políticas que quieran aprovecharse de esta situación, que su postura y crítica es muy importante a la hora de contar votos”, explica Dávalos.

Los puntos que se podrían sumar al gobierno de Noboa, de manera negativa, son en materia constitucional y penal, según Klever Siguencia, experto en Derecho Constitucional.

“Si se llegase a comprobar que existe una responsabilidad, por parte de las autoridades involucradas en este caso, tanto por acción u omisión, se desencadenarían responsabilidades políticas. En consecuencia, podrían iniciar un juicio político y, de existir los votos en la Asamblea, una censura política que, consecuentemente, termine en destitución”, dice Siguencia.

Con respecto a la indagación previa que inició la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer el caso Olón, en el que organizaciones ambientales denuncian delitos contra la naturaleza y se oponen a la tala de manglar en el Esterillo Oloncito, Santa Elena, el experto constitucionalista resalta que, hasta ahora, no hay elementos suficientes que bosquejen alguna irregularidad. Es por eso, explica, el Ministerio Público no inició de oficio un proceso penal.

Sobre la denuncia interpuesta por la Fundación Oloncito, el experto detalla que el camino no es fácil ni rápido: “Habría que esperar que el fiscal o la fiscal a cargo de la investigación previa, recabe los elementos de convicción de cargo y de descargo y así poder establecer la posible existencia de una infracción, tomando en cuenta que deberán practicarse pericias y solicitar informes para establecer presuntas conductas penalmente relevantes, no solo basarse en presunciones”, explica Siguencia.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO