En el año 2021, mientras el país recién salía de la vacunación con un nuevo presidente, se debatían leyes económicas en la Asamblea y hablábamos mucho sobre corrupción; dentro del submundo de las cárceles se vivía otra realidad. Las personas privadas de la libertad se mataban. 

En febrero fueron asesinados 47 presos en revueltas coordinadas en cárceles de Cotopaxi, Guayas y Azuay. En julio fueron 27 en la Penitenciaría de Guayaquil. En septiembre y noviembre, otra vez en Guayaquil, fueron 112 y 62 presos los que murieron. En total murieron 316 personas bajo custodia del Estado ecuatoriano.

(Le puede interesar: Crisis carcelaria: guías penitenciarios aseguran que el Estado los olvidó)

Estos hechos, que no fueron aislados, motivaron que, del 1 al 3 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envíe a Ecuador a sus más altos funcionarios en materia de derechos de las personas privadas de libertad. En menos de tres meses aprobaron un informe y lo entregaron a todas las autoridades del Estado el 21 de febrero de 2022. 

Desde entonces el documento se encuentra en manos de la Asamblea, Corte Nacional, Fiscalía y Gobierno. Al parecer son muy pocos los asambleístas, jueces y fiscales que lo han leído. No ha sido muy difundido, recién cayó en mis manos la semana pasada. De quien sí puedo estar seguro de que lo ha leído es la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, ya que fue precisamente este documento al que se refirió en la Asamblea y que hizo salir de sus casillas a la asambleísta Mónica Palacios.

Este documento desnuda no solo la realidad carcelaria del país, sino la realidad delincuencial y su convivencia con los poderes del Estado. Se remonta a dos décadas atrás, señalando detalles de lo que los ecuatorianos hablamos en voz baja estando a la vista de todos.

El informe relata con evidencias que el control efectivo de las cárceles nunca lo tuvo el Estado, sino que existía un control intramuros ejercido por las bandas delincuenciales. Que todas las muertes producidas en su interior fueron ordenadas por ese autogobierno y lo hacían de las formas más crueles. No es difícil concluir entonces que para que se respeten los Derechos Humanos de los presos, es el Estado el llamado a tener el control de las cárceles y no los delincuentes.

Los miembros de la comisión inspeccionaron instituciones, se reunieron con decenas de autoridades, visitaron las cárceles, e incluso entrevistaron a José Adolfo Macías, alias ‘Fito’; Junior Roldán, alias ‘J.R.’ y Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’. 

De ellos pudieron concluir que eran quienes ejercían el verdadero control en los centros penitenciarios donde se encontraban recluidos. Incluso determinaron que usaban vestimenta diferenciada que los identificaba como líderes para recibir trato preferencial de las autoridades. 

En conclusión, pese a todos los esfuerzos realizados por los gobiernos, el control lo tenían las bandas, pues el ingreso de drogas, armas, alcohol y sistemas de comunicación continuaba burlando los supuestos controles. Esto solo podía suceder por la debilidad del Estado, ya sea por falta de recursos, miedo, corrupción o todos a la vez. La realidad es que el SNAI, institución creada en 2019 y destinada a controlar el sistema penitenciario, fracasó en apenas dos años.

La sobrepoblación en las cárceles es otro de los factores destacados del informe. En el año 2000 había una población de 8.029 presos, hoy supera los 37.000, un crecimiento del 470%. ¿La razón? Una legislación que favorece el encarcelamiento, especialmente en delitos menores como consumo de drogas. En lugar de enviarlos a centros de rehabilitación, los enviamos a centros de aprendizaje de delitos mayores. Cerca del 30% de los presos son consumidores y microvendedores.

La corrupción institucional a todo nivel no escapó de la vista de los delegados de la CIDH. El informe señala sin temor que por causa de la corrupción tenemos instituciones incapaces de cumplir con sus funciones, monopolios o concentración de poder en áreas de alto impacto, discrecionalidad en la toma de decisiones de agentes estatales, falta de control en los actos de la autoridad y un alto nivel de impunidad que permite que los sistemas de corrupción operen sin temor porque el costo a pagar es ampliamente superado por los beneficios obtenidos.

La sociedad civil y nuestra cultura también son cuestionadas. Tenemos un comportamiento social que permite la corrupción. Somos propensos a tolerar estos actos mediante una cultura sin respeto a las leyes y que desvaloriza las instituciones.

El informe que tiene más de cien páginas concluye con recomendaciones similares a las que ha venido exigiendo el pueblo ecuatoriano desde hace muchos años y, que este gobierno las ha entendido y ejecuta eficientemente. La primera de ellas es que el Estado recupere el control total de los centros penitenciarios para desmontar las estructuras delincuenciales que operan dentro y fuera para evitar que funcionen como centros de operaciones delictivas.

Hay que destacar la eficiencia de las Fuerzas Armadas y sus operativos, pues el control de las cárceles ha sido retomado por el Estado y no debe dejarlo. Es cierto que hay casos puntuales que deben ser investigados y corregidos o sancionados, si corresponde, pero de ninguna manera podemos desvirtuar la excelente labor realizada.

Recomiendo la lectura de este informe, especialmente a quienes creen que los verdaderos defensores de los Derechos Humanos están en contra de las Fuerzas Armadas. Lo pueden encontrar en el sitio oficial de la OEA: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Informe-PPL-Ecuador_VF.pdf

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!