Concuerdan en que la deuda debe ser auditada para aprobar su pago, pero discrepan en por qué tarda el proceso. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reitera que honrará lo adeudado a los prestadores externos, pero alega que espera los informes de las auditorías contratadas; y los acreedores dicen estar de acuerdo en ello, pero rechazan que en los nueve meses de 2023 no les hayan abonado ningún valor de este año. Y, menos aún, de los montos pendientes de 2011 al 2021.

El director del Seguro de Salud Individual y Familiar del IESS, Francisco Mora, explica que la entidad divide la deuda en cuatro períodos: 2011 al 2017; 2017 al 2021; 2022; y 2023. De ellas, la de 2022 es la más avanzada, pues está cancelada en un 80 %. Las anteriores a ese año están en manos de una auditoría externa de la Espol; y la deuda de 2023, de la ESPE.

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El presidente de la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Salud, César Serrano, coincide en los períodos. Pero acota que la de 2022 está cancelada solo en un 75%, y que sumada a la de 2023 representan 900 millones de dólares. Si se suma lo pendiente de 2011 a 2021, el monto sube a por lo menos 1.200 millones, añade.

¿Por qué se tardan las auditorías? Según Mora, porque los examinadores contratados por esta administración hallan más ‘objeciones’ a la documentación entregada por los prestadores médicos que cuando las auditorías las hacían las coordinaciones provinciales del IESS. Agrega que antes estas eran ‘direccionadas’, ‘discrecionales’ y hasta tenían conflictos de intereses, según la Contraloría. Mientras que ahora hay una normativa más estricta y automática.

“Ciertos prestadores tenían un rango de objeción del 1% y ahora tienen el 40 %. No estoy diciendo que el prestador tiene la culpa, que quede claro, pero sí estoy diciendo que todo tiene que ser atado, supeditado a lo que dice la norma, no puede ser interpretado”, expresa Mora.

“Actualmente se encuentran subidos a la plataforma de ESPE Innovativa (atenciones médicas por) 254 millones de dólares; están auditados 84 millones y se encuentran objetados y devueltos a los prestadores para que corrijan, de acuerdo a la norma, un promedio de 80 millones de dólares”, detalla.

No lo dice de modo explícito, pero administraciones pasadas solían atribuir la demora en validar la deuda a que en ciertos casos había cobros por medicinas, exámenes o tratamientos que no correspondían al cuadro o diagnóstico médico del paciente. ¿Significa que con estas auditorías este tipo de casos se van a suprimir o reducir? “Totalmente, totalmente”, asegura.

Pero los prestadores tienen otra versión: César Serrano y Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis, atribuyen la demora a las fallas de la plataforma a donde deben subir la documentación, lo cual impide completar los procesos o reporta ‘objeciones’ cuando en realidad son falencias del programa. Agregan que las deudas se están auditando con acuerdos ministeriales distintos; y ven muy poco personal para las miles de prestaciones que se deben examinar.

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Serrano defiende que toda la facturación que presentan está debidamente sustentada con documentos, firmas de entrega-recepción de medicamentos, resultados de laboratorios, etc.

Pero junto a Freire coinciden con Mora en que ha habido grandes acreedores que han tenido preferencias a la hora de recibir los pagos de sus deudas.

“Los prestadores son los mejores aliados para ciertas patologías como diálisis, cáncer, entre otras, pero tienen que hacer lo que dice la norma”, insiste Mora. Así lo aceptan ellos, pero acotan que se les prometió que esta norma iba a volver más rápidos y automáticos los pagos.

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