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Aspirante a la Asamblea Nacional es investigado por concusión

Se trata del exprefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, a quien se le dictaron medidas sustitutivas

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Mariano Curicama (i) y Tránsito Lluco (d) junto a sus abogados.PATRICIA OLEAS / EXPRESO

Mariano Curicama, exprefecto de Chimborazo y precandidato a asambleísta por el Movimiento Intercultural de Gente Activa (MINGA), recibió medidas sustitutivas durante la audiencia de formulación de cargos realizada ayer.

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Al exprefecto se lo investiga, junto con la exviceprefecta Tránsito Lluco, del presunto delito de concusión al haber supuestamente descontado sin justificación entre el 5 y 10 % de las remuneraciones de 472 empleados y 173 funcionarios del Gobierno Provincial de Chimborazo durante su mandato. La cantidad, que supera el millón de dólares, habría sido transferido desde la institución a una cuenta privada.

En la audiencia, que se desarrolló de manera virtual y duró más de dos horas, el juez dictaminó prohibición de salida del país, prohibición de enajenación de bienes y presentación cada semana ante la justicia, además de la colocación de un dispositivo electrónico.

Luego de esto, Curicama y Lluco convocaron a una rueda de prensa junto a sus abogados Joffre Campaña y Xavier Velastegui. Campaña calificó de vergonzoso e inadmisible la formulación de cargos. “Un procedimiento donde se permite la intervención de representantes de Contraloría, Procuraduría y el Gobierno Provincial, sin haber perjuicio al Estado, es ilegal” explicó.

Aseguró que no existe ningún delito, que lo que existió fue un acuerdo de gente que trabajaba en el Consejo Provincial y decidió entregar ese dinero para obra social. “Tenemos suficientes evidencias de eso”.

Además, el abogado calificó de humillante la colocación del dispositivo, así como la prohibición de enajenación de bienes, y sugirió que podría tratarse de un intento de querer boicotear la campaña para asambleísta de Curicama. La instrucción fiscal durará 90 días.

El exprefecto ya tuvo una sentencia de un año de privación de libertad por no acatar la decisión del juez competente, dentro del juicio que seguían un grupo de jubilados para el pago de sus haberes.