La Asamblea Nacional aprobó este 9 de diciembre de 2022 una moción con varios puntos, entre los cuales ratifica la resolución de censura y destitución de cuatro de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La propuesta fue planteada por el legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, y en el texto se exige a la Fiscalía que respete las normas vigentes que impiden procesar civil o penalmente a los legisladores por las decisiones o actos que ejecuten dentro de sus funciones. “Cualquier tipo de acción que se pretenda tomar en ese sentido, carecerá absolutamente de eficacia jurídica”, advierte.

La moción fue aprobada con 89 votos de correístas, socialcristianos, y algunos legisladores de Pachakutik y la Izquierda Democrática que se unieron a la destitución de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán.

La intención, según el proponente, es rechazar la injerencia de la justicia en las labores de fiscalización de la Asamblea. Esto, a propósito, de la decisión del juez de La Concordia, Ángel Lindao, que dejó sin efecto lo actuado por los legisladores y restituyó a los consejeros depuestos.

Para él, la moción exige que se inicie un proceso de control político, para lo cual se pedirá al Consejo de la Judicatura (CJ) información sobre su historial laboral, profesional y disciplinario (faltas disciplinarias sancionadas y las que estén en proceso), dice el documento.

Lo que sí quieren es que la Fiscalía inicie investigaciones en contra de los cuatro consejeros de Participación por presuntamente haber cometido el delito de usurpación y simulación de funciones públicas.

“Disponer la colocación de una placa en la sede de la Asamblea Nacional con la cual se rechace la intromisión de la Función Judicial en las decisiones y facultades constitucionales exclusivas de la Función Legislativa, haciendo particular alusión a la grosera intromisión realizada con la sentencia del juez multicompetente del cantón La Concordia”, dice la moción aprobada.

Esto, en respuesta al fallo de Lindao, que dispuso que la Asamblea pida disculpas públicas a los consejeros y que en un espacio del Palacio Legislativo se ubique una placa con la leyenda: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.

El asambleísta por Pachakutik, Salvador Quishpe, lamentó que la Asamblea siga entrampada en este tema y recomendó que se respete lo que ha determinado el juez de La Concordia como parte de la independencia de funciones que se reclama, algo que no fue escuchado por la mayoría.