Con votos demás. El pleno de la Asamblea Nacional, con 102 votos afirmativos de los 92 necesarios como mínimo, resolvió censurar y destituir al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, por incumplimiento de funciones; y también censurar al exvocal del mismo organismo, Juan José Morillo.

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Murillo fue enjuiciado, entre otros motivos, por incumplir sus funciones en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura al constituir un posible tráfico de influencias, por incumplir con la homologación salarial de los funcionarios judiciales, incumplir con la reconstrucción del edificio de la Corte de Justicia en Manabí. Mientras que Morillo fue imputado políticamente por supuesto tráfico de influencias en el marco de un juicio interpuesto por la entonces expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para regresar a su cargo. 

La decisión llega luego de más de 10 horas de interpelación al inicio de la sesión 907 en la mañana del 28 de febrero del 2024, la misma que fue suspendida en la noche y se retomó la mañana de hoy, 29 de diciembre del 2024. 

El asambleísta Ronald González, de las filas de la Revolución Ciudadana, tomó la palabra para cuestionar que tanto Fausto Murillo y Juan José Morillo manejaban a distintos jueces y operaban las diligencias emitidas por los pedidos exprés del expresidente Guillermo Lasso. En ese mismo sentido, su par del Partido Social Cristiano, Vicente Taiano, lamentó que la interpelación "ha demostrado al país el estado de descomposición de ese Consejo de la Judicatura, que tiene el rostro de Fausto Murillo y Juan José Morillo. Ninguno, de quienes lo han integrado a lo largo del tiempo, se salva de ser cuestionado o tiene un llamamiento a un juicio penal”.

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En el ejercicio de la defensa, el vocal Murillo expuso sus alegatos en contra de cada uno de los motivos de su enjuiciamiento político. Destacó, por ejemplo, los impulsos para que se concluyera el Complejo Judicial de Portoviejo en Manabí y las exigencias al Consorcio Constructor RPJ, quien incumplió con la entrega de la obra. Sobre la acusación de incumplir con la homologación salarial, dijo que en el año 2003 el Estado adoptó como política pública ejecutar la homologación salarial en todo el sector público, incluida la Función Judicial, pero  en ninguna de las proformas presupuestarias, salvo para la primera etapa, se estableció un financiamiento. Al final argumento que las manos narcotráfico están detrás de su destitución.

Mientras que Morillo alegó que la acusación en su contra sobre un supuesto tráfico de influencias expuesto en la difusión de un audio es una "vergüenza". "Esta narrativa, expuesta en audios en medios digitales, es una vergüenza. Dos representantes de las más altas funciones del Estado, tuvieron en sus manos los audios y no fueron capaces de presentar una denuncia penal”.

Una vez consumada la decisión, los aplausos se escucharon en el hemiciclo del Legislativo. La presidenta encargada de la Asamblea, Viviana Veloz, dijo que con esta decisión "la Asamblea Nacional le abre la puerta a la justicia en el Consejo de la Judicatura". El legislador interpelante, Carlos Vera, agradeció la decisión y solicitó la reconsideración la cual no obtuvo los votos. La resolución de la Asamblea también dispone remitir la resolución del juicio a la Fiscalía, a la Contraloría y las instituciones competentes para el inicio de las investigaciones del caso

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