Alembert Vera quedó fuera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por decisión de la Corte Constitucional. El pleno de ese organismo, según conoció este Diario, destituyó a Vera y no tocó a los consejeros que actuaron con él en apoyo de las audiencias públicas en el caso de la fiscal ni al juez de Montecristi Leiver Quimis quien dispuso la conformación de una veeduría para evaluar las actuaciones del Consejo Transitorio que fueron blindadas por un dictamen de la propia Corte.

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Analistas consultados por EXPRESO coincidieron en que la sanción de la Corte debía ir a quienes incumplieron. Así opinó la catedrática universitaria Saudia Levoyer para quien la sanción debía ser para todos quienes estén implicados o hayan infringido la norma. Eso debía ser independientemente de la bandera y la militancia política que no es lo que debe marcar una sanción.

El jurista guayaquileño Jorge Luis Sánchez opinó que la Corte debía ser enfática y sentar precedentes claros y firmes evidenciando que sus decisiones deben ser acatadas por todos. Menciona que “todos los que han sido partícipes en sus votaciones permitiendo la conformación de esta veeduría deberían ser destituidos inmediatamente sin tener contemplaciones”. Finalmente cree que no puede ser admisible que “la Corte Constitucional tolere piruetas y argucias”.

El jurista guayaquileño José de la Gasca destacó que lo que la Corte analiza son las acciones u omisiones que tuvieron cada uno de los consejeros y de las personas involucradas en el tema.

“De nada le sirve analizar solo la posición del presidente del pleno porque él no tomó las decisiones solo, para poder decidir tal o cual cosa debió haber tomado la decisión en conjunto con la mayoría”, manifiesta.

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La Corte también debía analizar la actuación de Leiver Quimis “que muy alegremente se le ocurrió atentar jurídicamente contra lo que dijo el dictamen al punto que la Corte Provincial viró la decisión y declaró el error inexcusable”, acotó.

El constitucionalista Ismael Quintana consideró si es que la Corte sanciona solo a Vera quedaría súper mal en el sentido de que hay un fallo que guste o no le prohibe al Consejo revisar las decisiones del Transitorio. Él analizó que en el caso han existido dos intentos: en el caso de la fiscal y de la veeduría para la revisión del nombramiento de la Corte y “resulta que para la Corte su propio fallo es papel mojado”.

Adelantó que el primer mensaje que daría la Corte en el evento que proceda de esa manera es que cualquier funcionario público de cualquier jerarquía puede pasarse por encima cualquier decisión porque no va a enfrentar las consecuencias jurídicas de esos incumplimientos.

Adicionalmente analizó que, si la Corte obraba solamente sobre Vera habría afectación al principio de igualdad porque de Vera podría decirse que actuó unilateralmente y sin considerar a sus colegas en la convocatoria a conformar la veeduría pero que las audiencias públicas en el caso de la fiscal actuaron cuatro.

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Puntualizó que la sanción también debía llegar para el juez de Montecristi por incumplimiento del dictamen porque fue esa decisión la que abrió paso a la conformación de la veeduría.

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