Para la tarde de este viernes 6 de septiembre se esperaba un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la verificación del cumplimiento del dictamen de mayo de 2019, que blindó las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. En capilla se encontraban miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el juez de Montecristi Leiver Quimis y un asesor jurídico del Consejo por sus decisiones en torno a posibles incumplimientos. Hasta el cierre de esta edición, se conoció que la Corte tomó una decisión, pero no el contenido y detalles de la misma.

Previo a la sesión del pleno prevista para las 15:00 se habría efectuado una reunión informal desde las 10:00 para analizar un informe de la Secretaría Técnica. Desde Comunicación de la Corte, se admitió que existía un documento, pero su contenido no se socializó.

La aparente demora en emitir su fallo en el caso ha generado suspicacias e interpretaciones porque el informe sugería una sanción solo para Alembert Vera, el presidente del Consejo.

Analistas consultados por EXPRESO coinciden en que la sanción que imponga la Corte debe ir a quienes incumplieron. La catedrática universitaria Saudia Levoyer considera que las sanciones deben ser para todos quienes estén implicados o hayan infringido la norma. Eso debe ser independientemente de la bandera y la militancia política que no es lo que debería marcar una sanción.

El jurista guayaquileño Jorge Luis Sánchez cree que la Corte debe ser enfática y sentar precedentes claros y firmes evidenciando que sus decisiones deben ser acatadas por todos. Opina que “todos los que han sido partícipes en sus votaciones permitiendo la conformación de esta veeduría deberían ser destituidos inmediatamente sin tener contemplaciones”. Finalmente cree que no puede ser admisible que “la Corte Constitucional tolere piruetas y argucias de ningún tipo”.

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El jurista guayaquileño José de la Gasca destaca que lo que la Corte analiza son las acciones u omisiones que tuvieron cada uno de los consejeros y de las personas involucradas en el tema. “De nada le sirve analizar solo la posición del presidente del pleno porque él no tomó las decisiones solo, para poder decidir tal o cual cosa debió haber tomado la decisión en conjunto con la mayoría”, manifiesta. La Corte también debe analizar la actuación de Leiver Quimis “que muy alegremente se le ocurrió atentar jurídicamente contra lo que dijo el dictamen al punto que la Corte Provincial viró la decisión y declaró el error inexcusable”, acotó.

El constitucionalista Ismael Quintana considera si es que la Corte sanciona solo a Vera quedaría súper mal en el sentido de que hay un fallo que guste o no le prohíbe al Consejo revisar las decisiones del Transitorio. Él analiza que en el caso han existido dos intentos: en el caso de la fiscal y de la veeduría para la revisión del nombramiento de la Corte Constitucional y “resulta que para la Corte su propio fallo es papel mojado”. Añade que el primer mensaje que daría la Corte en el evento que proceda de esa manera es que cualquier funcionario público de cualquier jerarquía puede pasarse por encima cualquier decisión porque no va a enfrentar las consecuencias jurídicas de esos incumplimientos.

Adicionalmente analiza que, si la Corte obra solamente sobre Vera habría afectación al principio de igualdad porque de Vera podría decirse que actuó unilateralmente y sin considerar a sus colegas en la convocatoria a conformar la veeduría pero que las audiencias públicas en el caso de la fiscal actuaron cuatro. Puntualiza que la sanción también debería llegar para el juez de Montecristi por incumplimiento del dictamen porque fue esa decisión la que abrió paso a la conformación de la veeduría y el juez conocía el dictamen.

El detalle

Suspensión. La Corte de Manabí decidió dejar sin efecto la resolución del juez de Montecristi que dispuso la formación de la veeduría.

Destitución

En enero de este año los siete consejeros de Participación Ciudadana y Control Social fueron destituidos por la Corte Constitucional. Fueron señalados por incumplir una de sus sentencias.

El Consejo presidido por Hernán Ulloa no eligió al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura.

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