Sin límites. Alcolisti, la ‘eterna’ contratista de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, según una revisión de este Diario al portal del Servicio de Contratación Pública, mantuvo al menos 60 contratos más con siete instituciones públicas: Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, el Municipio de Quito, la dirección de Obras Públicas de Pichincha y las empresas públicas de tránsito de Quito, Cuenca y Santo Domingo.

La Comisión, presente en las provincias de Santo Domingo, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Azuay, El Oro y Manabí, es la institución que más contratos mantuvo con Alcolisti entre 2015 y 2020. En ese periodo, la empresa ganó 48 contratos que en total suman 14’698.627,23 dólares adjudicados para, entre otros rubros, la adquisición y mantenimiento de radares de control de velocidad y las cámaras sancionadoras para las vías estatales del país.

En ese periodo, la Comisión de Tránsito del Ecuador adquirió 151 de estas cámaras (modelo SafePace Cam 400), con los servicios de mantenimiento y transmisión de datos, por 2’791.032 dólares. Equipos que, según este Diario publicó ayer, tienen un margen de error distinto al reportado en la lectura de velocidad. Además, Alcolisti percibió alrededor de $ 2 millones por la venta de baterías, paneles solares y repuestos para los radares, además de alcohosensores.

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De los 48 contratos captados por Alcolisti, 27 corresponden al mantenimiento y calibración de los radares y sus cámaras sancionadoras. Este rubro representa el 68 % de lo adjudicado (10’013.582,37 dólares). Servicio que, según señala Alcolisti en su garantía técnica, está capacitado para brindar por autorización del fabricante (Traffic Logix) y por la homologación de sus equipos ante la Agencia Nacional de Tránsito.

La concurrencia con la que la Comisión de Tránsito del Ecuador buscaba a Alcolisti tiene explicación en los propios documentos de los procesos contractuales. Uno de ellos, que data de 2013, es un informe de una de las comisiones técnicas conformadas para estos procesos de contratación pública. En él se indica que la invitación a Alcolisti buscaba “mantener (los) principios de homogeneidad” de los radares instalados.

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Además, dicho documento de la Comisión de Tránsito del Ecuador hace referencia a uno de los principales argumentos para considerar a Alcolisti a lo largo de sus procesos contractuales con las entidades públicas: “(...) por ser esta institución distribuidor exclusivo en el Ecuador del fabricante (Traffic Logix) de tales bienes (los radares informativos y las cámaras sancionadoras)”. Con ello, la empresa mantiene y calibra sus equipos.

Radares que también llegaron a la serranía ecuatoriana. Según consta en el portal del Servicio de Contratación Pública, Alcolisti mantuvo nueve contratos en diferentes instituciones de la provincia de Pichincha. El Municipio de Quito, entre 2017 y 2021, le adjudicó al menos cinco contratos enfocados en el mantenimiento preventivo y calibración de los fotorradares. En total, el Cabildo quiteño invirtió 568.694 dólares en los servicios de Alcolisti.

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Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT) mantuvo dos contratos con la venturosa empresa guayaquileña para la adquisición de radares informativos fijos y móviles de medición de velocidad vehicular. Uno de ellos fue suscrito en noviembre de 2015 y ascendió a $ 347.058,79. Y un año después de nuevo se adquirieron más unidades de estos equipos, por $ 106.154.

Sin embargo, el contrato más fuerte que captó Alcolisti en Pichincha fue con la dirección provincial de Obras Públicas. En abril de 2015, la entidad le adjudicó alrededor de $ 3 millones para la “compra de materiales para la señalización horizontal de la red vial estatal”.

El ‘eterno’ proveedor de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil también mantuvo contratos esporádicos en otros rincones del país. En 2015, la Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV) adjudicó a Alcolisti la adquisición de “elementos semafóricos centralizados” por $ 151.780. Asimismo, la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre y Tránsito de Santo Domingo adquirió licencias de software para la “administración de tecnología de semaforización adaptativa” por $ 40.250. Mientras que la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil adquirió dos alcoholímetros por $ 12.811,87.