El domingo 12 de mayo de 2019, muchos hogares celebraban a todo volumen el Día de la Madre. Lejos de festejar con mariachis y un gran buffet, en una pequeña comunidad de la provincia de Azogues, una madre y sus cinco hijos menores de edad recibían la noche con un traumático intento de separación. Dos policías incursionaron “de una patada” al hogar para cumplir con una orden judicial que disponía el “rescate” y traslado de los niños a una casa de acogida, como consecuencia de lo que parecía una atención “negligente” y una “influencia negativa” de la madre.

En análisis, el procedimiento policial no fue el adecuado. Tras la revisión de una acción extraordinaria de protección planteada por la mujer, ante la negativa de un habeas corpus en dos instancias, la Corte Constitucional (CC) dispuso al Ministerio de Gobierno elaborar un protocolo, en consulta con la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura.

El documento deberá establecer los derechos y el procedimiento para el allanamiento de domicilio cuando se trate de ejecutar medidas de protección por parte de la Dinapen (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes).

También, que se capacite a los agentes de esa unidad policial sobre la excepcionalidad del uso progresivo de la fuerza, de acuerdo con lo establecido en la sentencia, en instrumentos internacionales de derechos humanos y en las normas existentes en el sistema jurídico ecuatoriano.

EXPRESO consultó a oficiales de la Dinapen si conocían de la disposición constitucional y su ejecución. Desde el área de Asesoría Jurídica se indicó que aún no llegaba nada de la referida sentencia.

Con más de dos décadas de funcionamiento, dicha unidad policial tiene como objetivo trabajar en defensa de los derechos de los menores de edad y prevenir la vulneración de sus derechos. Dentro de sus competencias está la recepción de denuncias sobre maltrato a infantes, delegaciones investigativas, adolescentes intervenidos en operativos, auxilios brindados, adolescentes aislados por delitos y contravenciones, entre otras actividades inherentes, a fin de salvaguardar su integridad, señala una publicación del Ministerio de Gobierno.

Margarita (nombre supuesto de la demandante) y su familia pertenecen a un grupo de personas que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad por estar en una situación de extrema pobreza; pero su caso logró atención del Estado, lo que no ha sucedido con cientos de madres y jefas de hogar que están en la misma situación.

“La legalidad no siempre da como resultado justicia. A veces, en la aplicación de la ley se cometen injusticias”, señala el sociólogo Homero Ramírez al analizar lo sucedido a Margarita y que podría ocurrir con otras madres en esas condiciones.

El profesional se muestra de acuerdo con el fallo constitucional para que se establezcan procedimientos especiales cuando hay niños. “A la cabeza de la intervención debe estar una psicóloga, una trabajadora social, una persona de civil”, sugiere el experto al sostener que, generalmente, en pobreza a los niños les causa temor y hasta terror ver a un uniformado de la policía. “Menos dificultad le da el hecho de que vaya una mujer vestida como profesional, le da una mayor tranquilidad emocional, por lo menos en golpe de vista”.

En eso concuerda el psicólogo y también sociólogo Carlos Tutivén. “Básicamente, trabajadores sociales que puedan mediar en intervenciones de este tipo cuando están justificadas”.

Ramírez también sugiere que el Estado, los gobiernos provinciales y locales proporcionen casas de acogida o guarderías, para cuidar a hijos de madres solteras en extrema pobreza que salen a trabajar y no tienen con quién dejarlos.

“En el momento que separan a los hijos de su madre hay dos partes en desesperación: a los hijos les falta su madre, por más precaria que sea la vida, y no hay madre que viva tranquila al ver que se llevan a sus hijos”, expone Ramírez, quien considera que debe gestionarse también con otras instituciones el bono que entrega el Gobierno, para que cobije a quienes realmente lo necesitan. Esto podría hacerse a través de las escuelas en sectores marginales y rurales, cuyos profesores conocen la situación que viven sus estudiantes.

EL DETALLE

Sentencia. A través de la sentencia, la Corte reconoce el sufrimiento y la violación de derechos de Margarita y su familia, como una forma de reparación.

Política estatal

Los huecos en lo social

Carlos Tutivén resalta la falta de una política que cubra los huecos que existen en la asistencia social. “Si bien esta realidad es precaria y si bien es necesario, entre comillas, que el Estado rescate a estos niños, o que de alguna manera solvente esta precariedad con asistencia educativa, salubre, incluso material; que esto no signifique la extirpación de la madre. Debería de haber una aproximación, que a la señora se le explique el procedimiento que se va a realizar para que ella sea una facilitadora para la  mejoría de ellos y que el Estado (...) la ayude a incorporarse en la vida social, ya sea con un trabajo y educación (...)”.