Accion legal para frenar ley que ‘endurece’ el decreto 16

Quieren detener un trámite legislativo con una orden judicial. Dos organizaciones sociales presentaron una acción de protección para que, entre otras cosas, la Asamblea Nacional “suspenda el proceso de aprobación” del Código de Participación Ciudadana.

Los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) fueron, ayer, a la sala de sorteos de la Corte Nacional de Justicia, en Quito.

Ese Código –que todavía no ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para iniciar su discusión– elevaría a categoría de ley las disposiciones de los polémicos decretos ejecutivos 16 y 739 que regulan el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

Los demandantes tienen varias quejas contra el texto.

La primera, el Código limitaría de forma inconstitucional e ilegítima el derecho a la libre asociación, así como a la consulta previa e informada.

La segunda, la presidenta de la Comisión y autora de la propuesta, Jhoanna Cedeño, “no realizó la consulta prelegislativa en la formulación y presentación del proyecto”, explicaron las agrupaciones en un comunicado.

Por eso, además de pedir la suspensión del trámite en la Asamblea, quieren que un juez ordene tres cosas: que se elimine el artículo que no ha sido consultado, que se construya –de forma participativa– un proyecto de ley de autodeterminación de los pueblos indígenas y que se reforme el reglamento para la consulta prelegislativa.

Ahora, la Conaie e Inredh deben esperar que se designe un juez para que conozca su pedido.