Mafias más tecnológicas: ¿cómo se prepara el Ejército de Ecuador para enfrentarlas?

La disputa entre el Estado ecuatoriano y las organizaciones criminales ya no se libra únicamente en las calles, los puertos, las cárceles o los corredores fronterizos. El espacio aéreo de baja altura se ha convertido en un nuevo escenario de confrontación.

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En este terreno, los drones han dejado de ser simples herramientas de vigilancia para transformarse en dispositivos estratégicos utilizados en operaciones de inteligencia, control territorial e incluso ataques armados.

Tecnología no tripulada para rastrear a organizaciones delincuenciales

En los últimos meses, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han intensificado el uso de tecnología no tripulada para rastrear los movimientos de cabecillas vinculados a estructuras como Los Lobos y Los Choneros.

Según información oficial, los operativos que culminaron con las capturas de alias Sampayo, en Machala, y alias Churrón, en Guayaquil, contaron con el apoyo de sistemas de vigilancia aérea que permitieron monitorear objetivos en tiempo real y coordinar acciones terrestres con mayor precisión.

Estos casos evidencian una transformación silenciosa en la estrategia de seguridad del país. Los drones ya no son recursos complementarios, sino herramientas centrales para la obtención de información, el seguimiento de sospechosos y la vigilancia de zonas consideradas de alto riesgo.

Su capacidad para operar a distancia, registrar imágenes de alta resolución y mantenerse en vuelo durante largos períodos les otorga ventajas que antes dependían exclusivamente de helicópteros o de operativos presenciales.

Sin embargo, la evolución tecnológica no es exclusiva de las fuerzas estatales. Las organizaciones criminales también han incorporado estos dispositivos a sus operaciones.

¿De qué forma utilizan las organizaciones criminales los dispositivos tecnológicos?

Entre los usos identificados se encuentran la vigilancia de movimientos policiales, el monitoreo de rutas utilizadas para actividades ilícitas y la supervisión de inmuebles vinculados a economías criminales. En los casos más preocupantes, incluso se ha detectado su empleo para transportar explosivos y ejecutar ataques dirigidos.

La amenaza dejó de ser una hipótesis. Los atentados con drones cargados de explosivos contra pabellones carcelarios en Machala y la utilización de drones agrícolas modificados para transportar armamento hacia centros penitenciarios evidencian una nueva dimensión del riesgo.

Se trata de una tendencia que ya se ha observado en otros países de la región. Según información oficial, algunas unidades ya emplean vehículos aéreos no tripulados de ala fija con una autonomía cercana a los 600 kilómetros, lo que amplía de manera significativa el alcance de las tareas de reconocimiento y monitoreo.

A ello se suma el fortalecimiento de la cooperación internacional. Estados Unidos destinó un fondo de seis millones de dólares para dotar de drones a la Armada ecuatoriana con el objetivo de fortalecer el rastreo de rutas del narcotráfico marítimo. Paralelamente, el Ministerio de Defensa ha impulsado procesos de adquisición orientados a reforzar las capacidades tecnológicas de las Fuerzas Armadas.

Mecanismos de control para el uso de la tecnología, sugiere experto

No obstante, la compra de equipos representa apenas una parte del desafío. John Garaicoa, máster en Psicofisiología Forense y Poligrafista, considera que estas tecnologías pueden aportar beneficios significativos en la lucha contra la delincuencia.

"Los drones equipados con análisis de inteligencia artificial permiten monitorear zonas críticas en tiempo real, lo que facilita una reacción más rápida. Las cámaras con reconocimiento facial pueden ayudar a identificar sospechosos y localizar personas desaparecidas, aumentando la eficacia de las investigaciones criminales”, explica.

Sin embargo, advierte que el debate no debe centrarse únicamente en la eficiencia operativa. La incorporación de inteligencia artificial y sistemas avanzados de vigilancia requiere también reglas claras y mecanismos de control.

“Se debe establecer una regulación adecuada que garantice el uso responsable y ético de la inteligencia artificial, previniendo abusos como la discriminación y la vigilancia masiva. La confianza pública será crucial para el éxito de estas iniciativas”, sostiene.

Precisamente, la regulación constituye uno de los principales vacíos en esta discusión. Mientras la tecnología avanza a gran velocidad, la legislación suele hacerlo a un ritmo mucho más lento.

Expansión acelerada de herramientas tecnológicas, riesgo para derechos fundamentales

Para Francisco Espinoza, experto en ciberseguridad, una expansión acelerada de estas herramientas también implica riesgos para los derechos fundamentales.

“La tecnología de vigilancia puede amenazar la privacidad de todos y ha sido históricamente usada para intimidar a ciertos grupos sociales”, afirma. A su juicio, “el uso de drones debe estar regulado para evitar vulneraciones al derecho a la intimidad, especialmente en zonas densamente pobladas”.

La preocupación, sin embargo, va más allá de la protección de los derechos ciudadanos. El coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño Silva, director para América Latina del Security College US, sostiene que Ecuador enfrenta amenazas cada vez más complejas y sofisticadas.

A su criterio, el país no solo corre el riesgo de recibir nuevos actores criminales, sino de consolidarse como un centro regional de coordinación logística del crimen organizado, con estructuras que disponen de mayores recursos, mejores niveles de coordinación y una creciente capacidad para infiltrarse en las instituciones.

Pazmiño considera que el análisis debe diferenciar entre capacidad táctica y preparación estratégica. En el plano táctico reconoce avances importantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, reflejados en operaciones exitosas, una mayor cooperación internacional y una respuesta más efectiva frente a amenazas inmediatas.

Sin embargo, advierte que persisten vulnerabilidades estructurales que pueden ser aprovechadas por organizaciones criminales altamente adaptables, lo que mantiene abierto el debate sobre si Ecuador está realmente preparado para enfrentar una nueva etapa de la guerra tecnológica contra el crimen organizado.