El abogado ambiental Steven Donziger terminará el 25 de abril la condena de prisión domiciliaria que cumple desde 2019, cuando comenzó la espera del juicio en que Chevron le acusaba de haber cometido "irregularidades" durante un caso que Donziger ganó a la petrolera en 2011.

Así lo ha asegurado el letrado estadounidense en una conversación 'online' con Amnistía Internacional, en la que ha denunciado el "ataque corporativo" por parte de Chevron y ha agradecido el apoyo de activistas por los derechos humanos, compañeros de profesión, congresistas y senadores de EEUU y la ONU, que en octubre declaró su privación de libertad como "arbitraria".

La charla ha sucedido a propósito del undécimo aniversario de la fecha en que Donziger ganara un caso contra Chevron, en el que la empresa fue condenada a pagar 9.500 millones de dólares tras haber vertido "de manera deliberada" más de 16 millones de galones de crudo y 18.000 millones de galones de aguas residuales contaminadas en la selva amazónica ecuatoriana; una suma que la compañía aún "no ha desembolsado", recalca Donziger.

La victoria de febrero de 2011 desencadenó una "pesadilla legal" para Donziger, una batalla en los tribunales que ha obligado al jurista a confinarse en su casa de Nueva York durante más de dos años y dos meses, y además le ha costado la licencia de abogacía, que le fue revocada en 2018 "sin una audiencia", afirma el antiguo abogado sexagenario.

Chevron rechazó la legitimidad del tribunal ecuatoriano y llevó a Donziger, que representaba a comunidades indígenas ecuatorianas, ante la Justicia en Nueva York por presuntas irregularidades, donde el juez Kaplan determinó en 2014 que este había incurrido en fraude, sobornos y corrupción.

Desde su apartamento en Manhattan, Donziger ha resaltado que el foco de toda esta problemática con la multinacional no debería ser él, pues eso es precisamente "lo que quiere Chevron, que todo sea sobre mí" y, con ese "intento de quebrar a los defensores", alejar la atención pública de la contaminación ambiental que los activistas ambientales desafían.

Pero a la vez ha recalcado el "abuso de poder" y corporativo, plagado de "conflictos de interés", que se ha dado en la gestión de su caso, uno "muy inusual", alega, pues "no se encierra a alguien antes del juicio por una infracción menor" -que además niega haber cometido- y durante 993 días: "la condena de arresto domiciliario más larga impuesta a un abogado es de 90 días".

La pandemia, por otro lado, retrasó su juicio, que finalmente se celebró en julio de 2021 y que Donziger ha calificado como "una farsa": en octubre fue condenado a seis meses de cárcel, donde pasó 45 días y posteriormente, por pertenecer a un grupo de riesgo ante la Covid-19, fue trasladado a su hogar, sin haber completado ni el 25 % de la sentencia, "aunque ya había cumplido cinco veces ese tiempo en prisión domiciliaria antes incluso del juicio".