Cerca del 60 % de mujeres fueron víctimas de acoso y/o abuso sexual en el transporte municipal de Quito, la capital de Ecuador, un alarmante porcentaje que el Ayuntamiento busca eliminar con su estrategia 'Cero acoso'.

Además, 9 de cada 10 víctimas no denunciaron el hecho "por la falta de confianza en el sistema de justicia", según el informe de Violencia Sexual en el Sistema Metropolitano de Transporte y Metrobús 2023, realizado por el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana.

Cerca del 74 % de mujeres que utilizan el mencionado transporte (que incluye la ecovía y el trolebus, sistemas que cubren determinados recorridos) perciben inseguridad, una cifra que trepa al 80 % de las usuarias del transporte público, de acuerdo al informe revelado la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Quito tiene entre su servicio de transporte público un sistema regentado por el Ayuntamiento y otro que no depende del Municipio que, no obstante, sí le regula.

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Mecanismos de auxilio

Desde hace varios años, el municipio ha realizado varios esfuerzos para erradicar la violencia de género en la ciudad, y con la estrategia 'Cero acoso' busca ampliar la protección en el transporte a menores, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, en movilidad humana y de la diversidad sexo genérica.

La estrategia se implementará primero en el Sistema Metropolitano de Transporte, luego en el Sistema Integrado de Transporte Público, para avanzar a una fase de control y monitoreo, con la conformación de un comité interinstitucional que mida resultados y evalúe.

Según el plan, en el trolebús y la ecovía, la víctima o testigo de un caso de acoso sexual, puede enviar un mensaje al 6367 con la palabra ACOSO y el número de la unidad. También se puede escanear un código QR.

Una brigada especializada brinda protección y primeros auxilios psicológicos a la víctima, mientras el presunto agresor es detenido, y si la víctima decide realizar la denuncia ante la Fiscalía, tiene acompañamiento.

El Metro apuesta por la seguridad

El Metro de Quito, que comenzará su funcionamiento comercial el próximo 1 de diciembre, también es parte del programa y está pensado para dar seguridad al usuario, según su gerente, Víctor Hugo Villacrés.

Por ello, en sus 18 trenes (con seis coches cada uno), hay letreros y botones de pánico para alertar sobre posibles casos de acoso, en cualquier punto de los 22 kilómetros de extensión de la línea, así como en las estaciones.

La víctima o testigo de acoso debe activar el interfono y decir la palabra "cero". Los interfonos están en todos los vagones del tren y las estaciones del Metro, explicó Villacrés.

El operador del tren responde y comunica al Puesto Central Control para activar la alerta y realizar la intervención de 911 y Policía Nacional.

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Detectores faciales

La primera sanción "fuerte" al atacante es la prohibición del uso del Metro por un año, explicó Villacrés, que recordó que en la campaña contra el acoso, participa también ONU Mujeres.

El gerente del Metro mostró su preocupación porque 9 de cada 10 usuarias de transporte público "han sido acosadas alguna vez", de acuerdo a un estudio de la Universidad Católica.

Por ello, la apuesta del municipio es "cero tolerancia al acoso" en el transporte en general. En el Metro subterráneo -el primero en su tipo en Ecuador- habrá unas 700 cámaras de monitoreo, guardias privados del operador, miembros de la Policía Nacional y de la metropolitana.

"Tenemos detectores faciales", aseguró Villacres antes de anotar que se prevé un mínimo de 130.000 pasajeros diarios en el Metro y un máximo de 400.000.

El sistema del Metro cuenta con un departamento de primer apoyo, que brinda asistencia psicológica a la víctima, para después tomar contacto con la Secretaría de Salud a fin de realizar un seguimiento.

"La violencia a escala empieza por un piropo y termina en femicidio, de ahí la importancia de concientizar a la ciudadanía sobre 'Cero acoso'", sostiene el Municipio de la capital de Ecuador, país donde -según la Fundación Aldea- 1.617 vidas de mujeres "han sido arrebatadas por la violencia misógena y patriarcal desde 2014", año en que se tipificó al femicidio como delito en el país.