El Consejo de la Judicatura afronta un nuevo escenario de crisis que le genera inestabilidad provocado por los casos de corrupción que involucra a sus integrantes.

El 28 de septiembre de 2023 el juez nacional Walter Macías llamó a juicio a Maribel Barreno y a Juan José Morillo, vocales de este organismo, acusados de supuesto tráfico de influencias.

El proceso también incluye al juez de Pichincha, Vladimir Jhayya, quien también será juzgado.

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Esta decisión implica que no podrán ejercer sus cargos como vocales de la Judicatura y como juez, respectivamente, mientras enfrentan el proceso penal. 

Macías notificó al Ministerio de Trabajo para que, registre la prohibición de ejercer sus cargos y ratificó su prohibición de salir del país. La situación de Barreno es aún más compleja porque sobre ella pesa una orden de prisión preventiva. 

Frente a esta situación, expertos conversaron con EXPRESO y mencionaron que una alternativa para que el Consejo siga sesionando es que si son inhabilitados Morillo y Barreno, tendrían que asumir los vocales alternos.

El reemplazo de Maribel Barreno, quien fue nombrada en representación de la Fiscalía General del Estado, es Yolanda Yupangui.

En tanto que el suplente de Morillo, que llegó por la Defensoría Pública, era Jaime De Veintimilla. Sin embargo, renunció en enero de 2019 lo que deja un vacío en la línea de sustitución.

Andrés Benavides, abogado constitucionalista, dice que en caso de concretarse la ausencia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) debería solicitar una terna a la Defensoría para nombrar al reemplazo.

Con esta postura también coincide Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Además, considera que la orden de prisión contra Barreno es excesiva por parte del juez. 

“Debe cumplir requisitos que menciona el (art. 534 COIP) y estándares convencionales (proporcionalidad, razonabilidad, necesidad - riesgo procesal y riesgo de fuga) y no ha cumplido, por eso es desproporcionada”, añadió.

Por su parte, Juan José Morillo quien se venía desempeñando como vocal desde enero del 2019, emitió un comunicado la tarde del jueves 28 de septiembre donde ratifica su inocencia. “Respeto la decisión jurisdiccional, sin que esto signifique una renuncia a ejercer todos los recursos que me franquea la Constitución y la ley (...)

Finalmente en la etapa de juicio probaré de manera técnica hasta la saciedad que no ha existido delito y peor aún responsabilidad alguna, por lo que se ratificará mi estado de inocencia”, agregó.

Los cinco miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura fueron elegidos por delegados de las diferentes funciones del Estado. Actualmente, ninguno cuenta con el respaldo de esas instituciones actualmente.

Debido a que se han visto salpicados en causas penales. Por ejemplo, el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, Maribel Barreno, Xavier Muñoz son investigados por presunta obstrucción de la justicia.

Este ultimo también es investigado por un presunto lavado de activos. La Fiscalía y Policía realizaron cinco allanamientos en Quito y Guayaquil por este caso, el pasado 17 de mayo del 2023.

Ante esta ola de corrupción, el Consejo de la Judicatura dijo que no se pronunciará sobre lo ocurrido con Morillo y Barreno hasta que no exista una notificación oficial a la institución.

El tráfico de influencias es sancionado con cárcel de tres a cinco años. Así lo establece Código Integral Penal (COIP)

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