CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
Críticas. Consejo de Participación Ciudadana ha sido cuestionado desde diversos sectores por su papel en el Gobierno del expresidente Rafael Correa.René Fraga

Con 45 nombres se cierra la lista para la elección del Consejo de Participación Ciudadana

Cinco de los actuales consejeros están en busca de la reelección. Actores políticos empiezan a apoyar a sus favoritos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la lista definitiva de candidatos para la elección de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se desarrollará en febrero, junto a las elecciones seccionales.

Esto, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitió un certificado informado que no existen más recursos pendientes de resolución. Con esta notificación, el CNE tomó la decisión la noche del viernes 28 de octubre de 2022.

La lista está conformada por 45 postulantes: 20 candidatos hombres, 17 candidatas mujeres y 8 candidatos de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y, ecuatorianos en el exterior.

Eso es más del doble de los que en un inicio el CNE dijo que cumplían los requisitos. En agosto pasado, el organismo electoral informó que de los 191 inscritos apenas 22 superaron la fase de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades.

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Luego vinieron las apelaciones e impugnaciones y se dio la razón a algunos de los reclamantes que ahora son parte de la nómina, en tanto que otros procesos fueron rechazados en el TCE.

De los actuales consejeros de Participación, cinco buscan la reelección: Ibeth Estupiñán, María Fernando Rivadeneira, David Rosero, Juan Dávalos y Francisco Bravo.

Aparecen otros nombres como el de Alembert Vera que fue abogado del expresidente Rafael Correa en el caso El Universo y de Eduardo Franco Loor, abogado del exvicepresidente Jorge Glas, entre otros postulantes que han empezado a recibir respaldo del correísmo en las redes sociales.

La campaña de información sobre los candidatos al CPCCS es financiada con recursos públicos, porque en teoría no pertenecen ni reciben apoyo de organización política alguna. El CNE contrató en $ 4,6 millones a una empresa que se encargará de los productos promocionales para esta dignidad.