Mas de 30 millones de perjuicio en nueve casos
Peculado. Es una de las mayores causas de perjuicio al Estado que involucra a funcionarios públicos. En algunos casos fueron alcaldes, en otro un exministro, una exasambleísta del partido de Gobierno y varios empleados.
Según un informe de la Fiscalía, son más de 30 millones de dólares en perjuicio para el Estado investigados en ocho casos. El martes pasado se sumó el noveno.
Se judicializó en Latacunga, Cotopaxi. El 2 de febrero, la Fiscalía de esa provincia formuló cargos contra ocho personas. Entre ellos, un exalcalde de Salcedo. El delito es presunto peculado registrado en la construcción del nuevo mercado de ese cantón.
En la audiencia el fiscal Augusto Semanate contó que el caso inició con informe de la Contraloría. Esa entidad detectó un presunto perjuicio superior a 1’500.000 dólares. La instrucción durará 90 días.
Cuatro días antes un tribunal de la sala Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia contra 18 personas también por peculado. Entre los condenados está Juan Salazar, exalcalde de Riobamba. Estaba involucrado en el desvío de 13 millones de dólares del Municipio, en 31 transferencias, a cuentas particulares.
Según la Fiscalía, en el Ministerio del Ambiente hubo otro caso por este delito. El perjuicio fue de 7’000.000 de dólares. Hubo 23 personas condenadas a ocho años de reclusión por ser consideradas autoras, siete cómplices y 19 inocentes.
El exministro del Deporte, Raúl Carrión, tiene el récord. Hay, al menos, ocho procesos por peculado en su contra. Recibió tres condenas: tres meses, cuatro y cinco años de cárcel.
Las sentencias son de primera instancia. Los expedientes fueron originados por la subdivisión de contratos para la adquisición de implementos deportivos y en la construcción de instalaciones deportivas en varias provincias.
En 2011 se denunció que Cofiec entregó de forma irregular 800.000 dólares al argentino Gastón Duzac. Seis personas recibieron ocho años de sentencia por peculado, dos fueron declaradas encubridoras y una inocente. Pedro Delgado, Gastón Duzac, Antonio Buñay, Francisco Endara, Marcelo Ordóñez y Pedro Zapac fueron señalados como responsables.
En el caso conocido como La Majadita 10 personas recibieron sentencias de entre cuatro y ocho años de reclusión. Los préstamos se realizaron por 4’831.750 dólares para, supuestamente, financiar la siembra de 750 hectáreas de maracuyá en la hacienda La Majadita.
Pero no solo en peculado están involucrados algunos funcionarios públicos. Un tribunal penal de la Corte condenó a tres años de cárcel a la exasambleísta de Alianza PAIS Esperanza Galván.
Ella fue acusada de presunto cohecho junto con el exdirector de PAIS en Esmeraldas y antiguo gerente de la empresa de agua potable de esa provincia. Una persona fue declarada inocente. Según el vicepresidente Jorge Glas, quien denunció el caso, la entonces legisladora oficialista pidió 800.000 dólares en su nombre para la adjudicación de un contrato para agua potable.