UEES analizará los retos de la contratación pública, la transparencia y la IA

La contratación pública es uno de los pilares sobre los que se construye la gestión del Estado. De ella dependen la ejecución de obras, la prestación de servicios y la inversión de recursos destinados al bienestar colectivo. Sin embargo, también enfrenta desafíos cada vez más complejos relacionados con la transparencia, la eficiencia, la corrupción y la incorporación de nuevas tecnologías.

Con este escenario como punto de partida, la Universidad Espíritu Santo (UEES) recibió al jurista colombiano Jaime Orlando Santofimio Gamboa, considerado uno de los principales referentes iberoamericanos en Derecho Administrativo y Contratación Pública. Su visita se enmarca en su incorporación como profesor invitado de la Maestría en Derecho Administrativo con mención en Contratación Pública de la Escuela de Postgrado en Derecho de la universidad.

Durante su estancia en Ecuador, Santofimio compartió una visión académica y técnica sobre los retos estructurales que enfrenta la contratación pública en América Latina, poniendo énfasis en la necesidad de fortalecer la cultura de la legalidad y mejorar la gestión de los recursos públicos.

Uno de los principales problemas identificados por el especialista es la deficiente planificación. A su criterio, la definición inadecuada de las necesidades institucionales se ha convertido en el “talón de Aquiles” de numerosos procesos de contratación, generando proyectos innecesarios, obras inconclusas, pérdida de recursos y servicios que nunca llegan a la ciudadanía.

A esta problemática se suma la corrupción, un fenómeno que, según el experto, suele ir acompañado de la improvisación y de prácticas que terminan afectando el patrimonio público. Para Santofimio, las reformas legales por sí solas no son suficientes si no están acompañadas por instituciones sólidas, mecanismos efectivos de control y una verdadera cultura de integridad.

Otro de los temas que marcarán su intervención será el impacto de la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos en la contratación pública. Si bien estas herramientas ofrecen oportunidades para hacer más eficientes los procesos, también plantean nuevos riesgos relacionados con la opacidad de los algoritmos, los sesgos en la toma de decisiones y la falta de controles especializados.

El académico plantea la necesidad de que los Estados desarrollen capacidades para diseñar, supervisar y auditar los sistemas tecnológicos que participan en la gestión pública, además de implementar mapas de riesgo que permitan prevenir posibles vulneraciones a la transparencia y al interés colectivo.

El fortalecimiento institucional también pasa por la formación de los servidores públicos y de los futuros profesionales del Derecho. Santofimio sostiene que el conocimiento jurídico debe trascender el cumplimiento formal de las normas para comprender los principios constitucionales que orientan la contratación estatal y su finalidad social.

Asimismo, destaca la creciente relación entre los actos de corrupción y la vulneración de los derechos humanos, una tendencia respaldada por la evolución de la jurisprudencia internacional, que amplía la responsabilidad de los Estados cuando no previenen o controlan prácticas que afectan los derechos de la ciudadanía.

Sobre el jurista colombiano Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Con más de 40 años de trayectoria, Jaime Orlando Santofimio es abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y exconsejero de Estado de Colombia. Ha publicado más de un centenar de obras especializadas, entre ellas el Tratado de Derecho Administrativo, considerado una de las referencias más importantes en Iberoamérica sobre contratación estatal y responsabilidad del Estado.

La visita del jurista también abrió espacios de diálogo con medios de comunicación y actores del ámbito jurídico para reflexionar sobre los desafíos actuales de la contratación pública, las estrategias para prevenir la corrupción, la responsabilidad del Estado y la formación de una nueva generación de profesionales comprometidos con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho.