El alcalde Jorge Yunda, sin mayor temor, recorrió ayer las calles del Centro Histórico de Quito como parte de su agenda municipal.

En medio de la Plaza Grande dijo a EXPRESO que en los próximos días colocará una denuncia en la Fiscalía por las supuestas amenazas de muerte que recibió por WhatsApp el pasado martes.

Yunda publicó unas capturas de pantalla vía Twitter. Estas contenían amenazas expresas como “díganos cómo quiere arreglar, su vida está en juego” y un detalle del supuesto ‘auto blanco’ en el que paseaba el mayor edil. Según el autor de los mensajes, la autoridad tenía una hora para responder; caso contrario, “tendrá su primera advertencia”, pero hasta ahora nada ha sucedido.

Sin embargo, el portal Verifica EC, proyecto de verificación de datos, recibió un mensaje desde el número de teléfono del que le escribieron al alcalde, y desde allí contestaron: “El joven Sebastián (Yunda) nos hizo enviar mensajes que ahora circulan en redes sociales... no somos sicarios”. Más adelante también dice que le pagaron 100 dólares por enviar esa comunicación. “Jamás pensé que mi número iba a ser vinculado en un escándalo”, continúa el individuo.

“Ni yo ni un portal de Internet pueden determinar si las amenazas son falsas o no”, afirmó, por su parte, el alcalde.

Tanto Yunda como su hijo y otros familiares son investigados por delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Esto se desveló tras detectarse supuestas irregularidades en la compra de pruebas PCR al inicio de la pandemia.

En medio de esas diligencias, se encontraron capturas de chats que implican directamente a Sebastián Yunda, pues habría utilizado su influencia para obtener favores en la gestión de contratos públicos del Cabildo.

Septiembre complica a Yunda

El alcalde en disputa, Jorge Yunda, deberá enfrentar tres procesos en septiembre. El primero hoy, por la denuncia por supuesta infracción electoral del TCE, ante el juez Arturo Cabrera.

El 13 deberá presentarse ante la Corte Constitucional por la acción extraordinaria de protección presentada por Guarderas para que dirima el conflicto municipal.

Por último, el 29 iniciará el juicio por posible peculado por la compra de pruebas PCR, pues hay un informe de la Contraloría General del Estado que establece indicios de responsabilidad penal.