“Nos traicionaron”: vecinos de Solanda llevan a la justicia caso contra el Metro de Quito

Han pasado ocho años desde que se construyó la estación del Metro de Quito en Solanda, en el sur de la capital, y los moradores aseguran que desde entonces comenzaron a aparecer grietas y daños estructurales en sus viviendas. 

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A casi tres años de la entrada en funcionamiento del sistema de transporte subterráneo, los vecinos denuncian que aún no existe una solución definitiva por parte de las administraciones municipales.

Falta de respuesta de las autoridades 

La mañana de este viernes 15 de mayo, dirigentes y moradores de Solanda se acercaron al complejo judicial del sur de Quito para presentar una acción de protección con la que buscan que se garanticen sus derechos y se active una póliza de aproximadamente 50 millones de dólares destinada a cubrir indemnizaciones por los daños ocasionados.

Fernando Chamba, presidente del Comité Ejecutivo de Solanda, señaló que el barrio ha sido “abandonado y traicionado” por las distintas administraciones municipales.

“Es obligación de los municipios proteger y amparar, en base a lo que establece la Constitución, a los damnificados. Las viviendas fueron destruidas por la construcción del Metro y las autoridades han puesto oídos sordos frente a este clamor permanente”, manifestó.

El dirigente aseguró que, pese a los estudios realizados durante los últimos años, los moradores sostienen que la extracción de tierra y los trabajos relacionados con la obra subterránea provocaron afectaciones en viviendas, calles, parques y sistemas de alcantarillado del sector.

Acción de protección busca activar póliza millonaria para afectados de Solanda

Chamba explicó que la acción constitucional tiene como principal objetivo que un juez disponga la ejecución de la póliza para indemnizar a las familias afectadas y reparar los daños registrados en el sector.

“Gracias a la solidaridad de un importante grupo de abogados, hoy presentamos esta acción de protección para defender nuestros derechos, nuestra dignidad y exigir que se respeten las garantías constitucionales de la comunidad”, indicó.

Además, cuestionó la actuación de las autoridades municipales y del Metro de Quito, señalando que no se ha dado una respuesta efectiva a los reclamos ciudadanos.

“Esperamos que el juez, en estricto derecho, disponga la ejecución de la póliza para que se indemnice a toda la ciudadanía afectada. No solo hay casas dañadas; también existen calles destruidas, problemas en el alcantarillado y afectaciones en espacios públicos”, agregó.

Los moradores insisten en que la póliza no representaría un gasto adicional para el Municipio, ya que —según afirman— fue contratada precisamente para responder ante posibles daños derivados de la construcción del Metro de Quito.