¿Qué es la regularización de áreas y quiénes deben realizar el trámite en Quito?
La regularización de áreas permite corregir diferencias entre el tamaño real de un predio y su registro oficial. Es un paso previo para construir en Quito

En Quito, el área de un terreno no necesariamente coincide en el sistema catastral, en la escritura y en el levantamiento planimétrico.
Antes de levantar o iniciar un proyecto inmobiliario en Quito, hay un trámite que muchos propietarios pasan por alto hasta que se convierte en un obstáculo: la regularización de áreas.
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Se trata de un procedimiento administrativo que permite corregir diferencias entre el tamaño real de un predio y lo que consta en los registros oficiales.
“En el sistema catastral puede constar un área, en la escritura otra y en el levantamiento planimétrico una distinta”, explica Silvia Espinosa, directora Metropolitana de Catastro. Esa falta de coincidencia es, precisamente, lo que busca corregir la regularización.
Actualización de la normativa
Recientemente, el Concejo Metropolitano actualizó la normativa que regula este proceso, una deuda pendiente desde hace casi dos décadas. Las disposiciones anteriores no se revisaban de forma integral desde 2007, pese a que la ciudad ha crecido y cambiado de forma acelerada.
La nueva ordenanza apunta a poner orden en un trámite que antes resultaba confuso. Propietarios y constructores se enfrentaban a procesos poco claros, sin criterios técnicos definidos ni tiempos establecidos, lo que terminaba retrasando proyectos o, en algunos casos, frenándolos por completo.
Con los cambios, el Municipio busca establecer un camino más directo para resolver estas inconsistencias.
¿Es obligatoria la regularización?
Un propietario puede mantener su inmueble sin regularizar si no planea hacer cambios, pero la situación cambia cuando hay intención de construir, ampliar o desarrollar un proyecto.
Ahí, la regularización se vuelve obligatoria. Es el paso previo para obtener documentos como el Informe de Regulación Metropolitana (IRM) y la Licencia Metropolitana Urbanística (LMU), sin los cuales no se puede iniciar legalmente ninguna obra.
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Espinosa señala que se ha reforzado la atención al público, con jornadas específicas de asesoría sobre la regularización de áreas, y se ha alineado la normativa con la digitalización del trámite, que ya se realizaba en línea desde hace dos años, pero no estaba reflejada en la ordenanza.