Puestos de mando en Quito generan dudas sobre la seguridad

La seguridad ciudadana vuelve a ocupar el centro del debate en Quito. En una capital marcada por robos, asaltos, el crecimiento del comercio informal y una persistente percepción de inseguridad, el Municipio ha puesto en marcha una nueva estrategia: la instalación de seis puestos de mando operativo (PMO) en sectores considerados críticos. 

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La medida forma parte de la “Estrategia de Seguridad Capital 2026”, con la que se busca fortalecer el control territorial y mejorar la convivencia ciudadana.

La iniciativa, presentada como una respuesta técnica y planificada, surge en un contexto complejo. Aunque la ciudad no fue incluida en el reciente toque de queda aplicado en otras zonas del país, la sensación de inseguridad ha ido en aumento. No se trata únicamente de cifras delictivas, sino de una percepción alimentada por hechos violentos, robos recurrentes y el desorden en el espacio público.

En este escenario, los PMO aparecen como una herramienta para intervenir de forma directa en zonas conflictivas. Según Paola Ortiz, analista de control de operativos de la Secretaría de Seguridad, estos espacios buscan “fortalecer el orden y el control territorial en apoyo a la seguridad ciudadana”, mediante un despliegue interinstitucional que permita actuar con rapidez frente a incidentes.

La estrategia, explica, se sustenta en información del Observatorio Metropolitano de Seguridad, que recopila denuncias, reportes y datos levantados en territorio. Este análisis permitió identificar patrones y priorizar sectores específicos. “No son decisiones improvisadas, responden a mesas de trabajo y a información sistematizada”, señaló.

Enfoques dependiendo del sector

Entre los puntos intervenidos están la Plaza Argentina y el sector de Naciones Unidas, donde confluyen alto tráfico vehicular, comercio informal no regularizado y actividades en semáforos. Para las autoridades, estos elementos configuran focos de inseguridad. En el Centro Histórico, en cambio, la intervención responde a la alta afluencia turística en sectores como la Basílica y El Panecillo, especialmente durante fines de semana.

Uno de los ejes de la estrategia es la flexibilidad operativa. Los PMO funcionan en horarios variables, definidos según los picos de incidencia delictiva. Mientras en zonas como las Naciones Unidas operan entre las 10:00 y las 19:00, en áreas turísticas el control se intensifica en la noche. En el Centro Histórico, además, se combina patrullaje matutino, operación diurna y recorridos nocturnos.

Cada puesto articula la participación de entidades municipales como la Agencia Metropolitana de Tránsito, el Cuerpo de Bomberos y agentes de control. En caso de emergencias, la coordinación se activa mediante el COE Metropolitano. Según Ortiz, esta estructura permite una respuesta inmediata en territorio. El financiamiento, en tanto, proviene del gasto corriente de las instituciones involucradas.

Desde la Secretaría de Seguridad se asegura que ya existen resultados preliminares positivos, especialmente en el Centro Histórico, donde habría disminuido la percepción de inseguridad. “La presencia institucional disuade la delincuencia, que tiende a desplazarse”, afirmó Ortiz.

¿Falta articulación con la Policía?

Sin embargo, esta afirmación abre un debate clave: si la estrategia reduce el delito o simplemente lo traslada. Para varios expertos, la lógica de intervención puntual puede generar efectos temporales, pero no resuelve las causas estructurales.

César Díaz, exsecretario general de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano, es uno de los principales críticos. A su criterio, los PMO responden más a un enfoque de contingencia que a una política integral. “Para mejorar la percepción de inseguridad se necesita una estrategia sustentable. Estos puestos no tendrán los resultados esperados”, afirmó.

Díaz advierte que la seguridad moderna debe basarse en modelos predictivos sustentados en información. “La clave es pasar de lo preventivo a lo predictivo, como ya ocurre en ciudades internacionales”, explicó. Además, cuestiona la falta de articulación entre el Municipio y las entidades del Estado. “La dispersión institucional genera ineficiencia y da la impresión de que faltan recursos”, añadió.

Esta falta de coordinación también es señalada desde los barrios. Paola Burbano, dirigente del Comité de la República del Salvador, considera que la iniciativa es positiva, pero incompleta. “Solo están instituciones municipales. ¿Dónde está la Policía? ¿Dónde están los militares?”, cuestionó.

Para la dirigente, la seguridad requiere una presencia integral, especialmente en días críticos como jueves, viernes y sábado. También advierte que los horarios de los operativos no siempre coinciden con los momentos de mayor actividad delictiva. “Mientras los controles están en la tarde, los robos ocurren en la mañana”, señaló.

Burbano también alertó sobre nuevas dinámicas delictivas, como bandas en motocicletas que recorren rutas específicas en la ciudad. “Se puede identificar su recorrido, pero eso requiere coordinación entre todas las instituciones”, explicó. En su criterio, sin esa articulación, los PMO tendrán un alcance limitado.

El control del comercio informal es otro de los objetivos de la estrategia. No obstante, los vecinos consideran que las acciones actuales son insuficientes. “Es el juego del gato y el ratón. Los operativos duran minutos y luego todo vuelve a la normalidad”, criticó.

A esto se suman preocupaciones sobre la sostenibilidad de la medida. Rocío Bastidas, miembro del Cabildo Cívico, advierte que la burocracia interna podría frenar cambios reales. “Si no hay articulación previa, no tiene sentido. Esperamos resultados, pero hay dudas”, señaló.

Pese a las críticas, los PMO incluyen herramientas adicionales, como unidades de guías caninos para la detección de narcóticos. Estos equipos permiten identificar posibles casos de microtráfico y actuar en coordinación con la Policía.

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