Inseguridad en Quito: ordenanza para deliverys sigue pendiente pese a robos en moto

Mientras los asaltos cometidos por sujetos que se movilizan en motocicletas continúan generando temor en distintos sectores de Quito, el proyecto de ordenanza para regular a los repartidores por aplicaciones sigue sin avanzar en el Concejo Metropolitano. 

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A casi dos años de haber sido conocido en primer debate, la normativa permanece estancada, pese a los reiterados pedidos de moradores, dirigentes barriales y concejales que consideran urgente su aprobación frente al incremento de hechos delictivos.

¿Por qué Quito aún no regula a los deliverys mientras aumentan los robos en motocicleta?

El Concejo Metropolitano de Quito conoció y debatió el proyecto de ordenanza para regular a los repartidores (‘deliverys’) en primer debate el 9 de julio de 2024. La normativa busca crear un catastro de conductores, implementar mecanismos de identificación y fortalecer las medidas de seguridad para quienes prestan este servicio. Sin embargo, hasta la fecha no existe una fecha definida para su segundo debate.

La demora genera cada vez más cuestionamientos en una ciudad donde la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones. En varios barrios, los vecinos denuncian que delincuentes utilizan mochilas térmicas, cascos y motocicletas similares a las de los repartidores para pasar desapercibidos y cometer robos.

Uno de los casos más recientes ocurrió en La Ecuatoriana, en el sur de Quito. Allí, una motocicleta fue incendiada por moradores que identificaron a sus ocupantes como presuntos delincuentes. Según testimonios recogidos en el sector, los sospechosos eran conocidos por cometer robos de celulares y escapar rápidamente a bordo de una moto.

“Presumimos que estaban dos personas en la motocicleta y pudieron estar realizando algún robo a personas”, señaló Santiago Razo, jefe subrogante del distrito Quitumbe.

La preocupación no se limita a un solo sector. En la Ferroviaria Alta, moradores reportan constantes asaltos cometidos por hombres en moto. El pasado 6 de junio una mujer fue interceptada por dos sujetos armados que le arrebataron sus pertenencias. Para los vecinos, la modalidad se repite una y otra vez en distintos puntos de la ciudad.

El temor se incrementó todavía más tras el asesinato del gerente financiero de la Universidad de las Américas (UDLA), Santiago David Ávalos Páez, ocurrido el 11 de junio en la avenida Oswaldo Guayasamín. Sicarios en motocicleta interceptaron el vehículo en el que se movilizaba y le dispararon en repetidas ocasiones.

Aunque no todos estos hechos involucran a repartidores, los ciudadanos sostienen que la facilidad para ocultarse bajo la apariencia de un ‘delivery’ dificulta la identificación de sospechosos y fortalece la percepción de impunidad.

Ciudadanos reclaman respuestas por inseguridad

Para Paola Urbano, presidenta del Comité de la República de El Salvador, la demora en el tratamiento de la ordenanza refleja una falta de prioridades dentro del Concejo Metropolitano.

“Han pasado años desde el primer debate y seguimos esperando una respuesta. La seguridad debería ser la prioridad número uno para la ciudad”, dijo.

La seguridad debe ser la prioridad del Concejo. Los quiteños no pueden seguir esperando mientras los delitos aumentan a diario y cada vez son más violentos.
Paola Burbano, presidenta del Comité de la República de El Salvador

La dirigente sostiene que la normativa no busca estigmatizar a quienes trabajan de manera honesta en plataformas de reparto, sino establecer herramientas que permitan diferenciar a los trabajadores formales de quienes utilizan esa imagen para delinquir.

“Queremos caminar tranquilos por las calles, ir a un restaurante o a un centro comercial sin el temor de que aparezcan delincuentes en motocicleta. La ciudad necesita controles más efectivos”, expresó.

Una preocupación similar comparte Iván Buitrón, presidente del Comité de Seguridad de El Batán Alto. Según explica, en su sector los robos cometidos por sujetos que utilizan motocicletas son recurrentes.

Los vecinos incluso han detectado la presencia de personas tomando fotos o realizando labores de vigilancia en los barrios. Para Buitrón, la creación de un registro de repartidores facilitaría el trabajo de las autoridades y permitiría una identificación más rápida de quienes operan legalmente.

Las críticas también han llegado desde el interior del Concejo Metropolitano. El concejal Wilson Merino cuestionó que iniciativas relacionadas con la seguridad continúen relegadas, mientras otros temas ocupan la agenda de las sesiones.

“Los temas de fondo quedan siempre postergados. No se discuten asuntos relevantes para la seguridad de los quiteños y eso genera una sensación de abandono en la ciudadanía”.

Merino considera que la regulación de los repartidores puede convertirse en una herramienta complementaria para enfrentar a la delincuencia, aunque reconoce que no será una solución definitiva sin una estrategia integral de seguridad y mayores capacidades operativas.

¿Falta de prioridad? 

Desde la Comisión de Movilidad, su presidente, el concejal Diego Garrido, aseguró que el proyecto continúa en análisis. Explicó que el tratamiento se ha retrasado debido a observaciones jurídicas derivadas de una sentencia de la Corte Constitucional y a pedidos de redireccionamiento presentados por otros concejales. 

Sin embargo, reconoció que la comisión mantiene una carga de entre 23 y 25 ordenanzas pendientes de tratamiento, por lo que todavía no existe una fecha definida para que la normativa vuelva al pleno.

Estamos revisando aspectos jurídicos y técnicos de la ordenanza. Esperamos presentar pronto un informe que permita avanzar hacia el segundo debate.
Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad

Esa explicación no convence a los moradores, quienes insisten en que la seguridad no puede seguir esperando mientras los delitos ocurren a diario.

Desde el sector de los conductores por aplicaciones también existen observaciones. Pablo Garcés, presidente de la Asociación de Conductores de Plataformas de Ecuador (ASOCONAPPE)), considera que la regulación es necesaria, pero advierte que debe construirse con la participación de todos los actores involucrados.

A su criterio, un simple registro municipal no resolverá el problema si no existe una coordinación efectiva con las plataformas digitales, los repartidores y los establecimientos comerciales.

Según datos de la organización, en Ecuador existen alrededor de 53.000 conductores vinculados a aplicaciones y más de 10.000 operan en Quito, una cifra que evidencia la magnitud del sector y la necesidad de establecer mecanismos de control eficientes.