Más de dos horas duró el acalorado intercambio de palabras entre los concejales y el alcalde Santiago Guarderas la noche del viernes previo al feriado.

Las alarmas se habían encendido entre los empleados municipales por la firma de un convenio de confidencialidad que no delimitaba con claridad los alcances de su restricción.

El concejal Juan Carlos Fiallos criticó que se coarte la capacidad de fiscalización de los ediles ya que habrá información que no les pueda ser otorgada porque es considerada de carácter reservado, juzgó. Fiallos abogó por un gobierno abierto que evite bloquear información y se negó a que su despacho firme el Código de Ética.

El documento en mención atentaría contra la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Código Orgánico Integral Penal, según coincidieron varios concejales.

Según la edil Mónica Sandoval el convenio tiene por objeto garantizar la reserva de confidencialidad en el manejo y uso de la información sobre la que el servidor o trabajador tendrá acceso, conocimiento o se encuentre a su disposición como producto del desempeño de sus funciones.

Sin embargo, Guarderas explicó que el convenio no debe ser firmado por los concejales ni sus directorios, pues no aplica para ellos según la norma expresa. Además, aclaró que el convenio de confidencialidad fue expedido por la Comisión Metropolitana de lucha contra la corrupción.

Lo que pretende el documento, según el burgomaestre, es proteger el trabajo de los servidores públicos para que la información de escape de manera fraudulenta. Habrá una prórroga de 30 días para presentar un nuevo acuerdo.

Los papeles que llegaron hasta los despachos de los concejales retornarán a la comisión. El concejal René Bedón juzgó que la causa de la confusión fue una falla en el proceso de socialización.