
A dos meses de que termine la compensación, ¿qué pasará con el pasaje en Quito?
Según el gremio, sobreviven con la compensación tras la eliminación del subsidio al diésel
A poco más de dos meses de que finalice la entrega de compensaciones estatales tras la eliminación del subsidio al diésel, el gremio de transporte urbano de Quito advierte que el sector enfrenta una situación crítica y urge cambios en el modelo de gestión del sistema.
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En una rueda de prensa, Jorge Yánez Romero, vocero del transporte urbano, señaló que el Municipio de Quito, liderado por el alcalde Pabel Muñoz, debe avanzar en la construcción de un sistema sostenible que permita garantizar la continuidad del servicio, que actualmente opera con 63 operadoras con más de 3.000 unidades.
Yánez cuestionó las diferencias entre el sistema municipal y el convencional. Mientras el primero cuenta con infraestructura como paradas y carriles exclusivos, el transporte convencional, dijo, enfrenta condiciones desiguales, con paradas en mal estado o inexistentes y sin carriles exclusivos, lo que impacta en los tiempos de viaje y en la calidad del servicio.
Además, señaló que las empresas municipales reciben subsidios a la operación, pero el transporte convencional no cuenta con el mismo respaldo, lo que, a su criterio, genera una inequidad en la prestación del servicio. A esto se suman procesos administrativos que terminan en sanciones y multas sin aportar soluciones estructurales.
El sector también planteó observaciones al actual sistema de indicadores, al que calificó como “un régimen sancionador” que no resuelve los problemas de fondo. En ese contexto, Yánez hizo un llamado a igualar las condiciones de compensación: “Lo ideal es que todos los usuarios reciban el mismo trato”.
De acuerdo con Yánez, en varias ocasiones han buscado una comunicación directa con Muñoz, sin embargo, no han tenido respuestas, lo que genera más preocupación e incertidumbre en el sector. “No sabemos qué va a pasar con el servicio”, señaló el dirigente, al advertir que el sistema moviliza cerca de 600 millones de viajes al año que podrían verse afectados.
"Sobrevivimos con la compensación"
Pablo Lima, representante del sector, advirtió que, sin los recursos actuales de compensación, las unidades no podrían seguir operando. “El costo es demasiado alto tras la eliminación del subsidio. No es que no queramos operar, es que no tenemos los recursos”, afirmó.
El gremio también pidió al Gobierno que el plazo de compensación, establecido en el decreto vigente, se extienda cuatro meses más, además de solicitar dos meses adicionales para que el Municipio defina un nuevo esquema de financiamiento y tarifa.

Según los transportistas, la compensación actual ha permitido sostener el servicio, pero alertan que el pago de ese rubro terminará en mayo, dejando menos de 30 días de margen operativo.
¿Qué plantean los transportistas?
Como medida de contingencia, una de las opciones sería reducir frecuencias en horarios de menor demanda, una alternativa que, reconocen, afectaría directamente a los usuarios.
Sobre un posible ajuste en la tarifa del pasaje, Yánez indicó que la decisión recae en el Alcalde y el Concejo Metropolitano. El gremio propone calcular una tarifa técnica basada en el costo real por kilómetro, que actualmente bordea los 2,16 dólares en unidades de 12 metros, y plantea que la diferencia con la tarifa social sea cubierta por el Municipio mediante mecanismos de financiamiento.
“Si queremos un servicio de alta calidad, no podemos sostenerlo con tarifas bajas”, señaló Yánez, al insistir en que el sistema actual incentiva lo que denominó la “guerra del centavo”, donde los ingresos dependen del número de pasajeros transportados.
Desde el sector se ve con buenos ojos la implementación del sistema integrado de recaudo (SIR), pero señalaron que se requiere inversiones significativas y condiciones claras para su ejecución en el transporte privado.
Edwin Cueva, otro representante del gremio, insistió en que el Municipio debe explorar mecanismos de financiamiento como el fondo metropolitano de equilibrio financiero, establecido en la normativa local. La propuesta apunta a redistribuir recursos para cubrir el déficit del sistema y garantizar su sostenibilidad.
“El modelo debe cambiar. Si los ingresos dependen de la prestación del servicio y no del número de pasajeros, el sistema puede ser más justo y eficiente”, dijo Cueva.
El gremio reiteró su pedido de ser recibido por el alcalde para abrir un espacio de diálogo. Aseguran que sus propuestas buscan soluciones técnicas y no responden a intereses políticos, sino a la necesidad de evitar una afectación directa al servicio y a los usuarios.
Hasta el momento, el alcalde Muñoz no se ha pronunciado sobre el pedido del gremio del transporte.
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